«La actitud de algunos militares me ha inquietado» «Pensé que era un comando terrorista» «Carrillo preguntó a Blas Piñar si podía ayudarle» «No había condiciones para que aquello prosperase» «Es lo más vergonzoso y triste de la democracia» «Nunca me puse

Esa tarde del 23 de febrero se encontraba en su casa. Por aquellas fechas había sido expulsado del PC. Su mujer daba la merienda a los hijos mayores. Él entretenía al pequeño, que intentaba encender una radio. Al apretar el interruptor se oyeron gritos y un locutor, con voz ténue, transmitía el asalto al Congreso. Optó por encerrarse en casa y esperar, aunque sus padres le pidieron, preocupados, que se fuera a Asturias con ellos al recordar la experiencia de un tío represaliado en 1936. Roa decía hace diez años: «En España había un gran número de personas que no se sentían comprometidas con el proceso de democratización, manteniendo una posición tibia, hasta que vieron el desenlace del golpe. Fue entonces cuando se hcieron demócratas de toda la vida». Hoy, César Roa opina que, aunque cada vez todo está más distante, «la situación política y la actitud de determinados militares me han inquietado». «Volver a lo que ocurrió aquel 23 de febrero -añade- es casi imposible, aunque haya esta agitación innecesaria. Creo que cada vez estamos más seguros de nuestra democracia». «Un ordenanza entró corriendo en el hemiclo y subió las escaleras gritando ¡Gente armada!, ¡gente armada!». Así recuerda el ponferradino Manuel Ángel Fernández Arias, diputado de la UCD entre 1977 y 1982, los momentos previos a la entrada de Tejero para interrumpir el debate de investidura de Calvo Sotelo. «Aquí ha entrado un comando terrorista, es lo primero que pensé y cuando ví quien aparecía en el hemiciclo... ¡pero sí es el loco de Tejero!, nos tranquilizamos un poco; son guardia civiles, asesinos no son, les dije a mis compañeros». Fernández Arias pasó buena parte del golpe escuchando la radio de otro diputado canario a escondidas y pidiendo permiso para ir al baño y contar lo que sucedía fuera del Congreso. El antiguo diputado centrista no cree que los guardias que dispararon sus armas lo hicieran por intimidar. «Yo creo que se les dispararon, y ahí estuvo el riesgo para nosotros mientras no descargaron sus cetmes». De Tejero, esperaba cualquier cosa, hasta que quemara las sillas para iluminar el Congreso en caso de apagón. «Cuando le ví jugando con las máquinas de los taquígrafos, pensé, esto no es serio». El ponferradino Manuel Ovalle era ayudante gráfico en Televisión Española la tarde del golpe. Junto a su compañero Francisco Rueda había acudido al Congreso para grabar una entrevista con Calvo Sotelo tras la investidura. Después de la entrada de Tejero y los disparos al techo, se refugió el cuarto de megafonía con el equipo de TVE que grababa el debate en diferido. La cámara siguió funcionando unos minutos y las imágenes han dado la vuelta al mundo. «Después de los disparos, llegué a temer que hubiera un baño de sangre», cuenta recordando el susto. A los pocos minutos un guardia les sacó del cuarto y pudo reunirse con su compañero en la cafetería. «A la gente que estaba allí, los tenían de rodillas. Cada vez que el guardia se movía hacia ellos con el arma, se echaban al suelo por miedo a que se le disparara». Después de seis horas y pasada la media noche, los dejaron salir, pero Ovalle, que sigue trabajando en TVE como reportero gráfico, llegó a temer por la vida de Carrillo. «Cuando le nombraron para llevarlo a otra sala, le dijo algo a Blas Piñar; si podía hacer algo por él». Aunque Ángel Villa todavía no era en 1981 el líder sindical de CC.OO., recuerda que los dirigentes de este sindicato se reunieron inmediatamente en la sede de Gran Vía de San Marcos para «poner fuera de juego los archivos y la documentación». «Luego -relata- nos dividimos en varios grupos para patrullar por ahí, en las calles y en las carreteras, a esperar a ver lo que pasaba». 25 años después, en lo esencial, considera que el golpe no triunfó por las mismas razones que lo creyó entonces: no había condiciones objetivas para que prosperase, a pesar de la agitación que se veía en ciertos sectores de la ultraderecha. «Desde luego que todo aquello no estaba bien preparado por parte de los militares, ni siquiera tuvieron el apoyo del capital». «Teníamos temor a que se produjera un baño de sangre, de modo que la principal preocupación era salvaguardar la organización», decía Villa hace diez años. Hoy considera que pronunciamientos como el del teniente general Mena «no afectan a la democracia porque las fuerzas democráticas son más fuertes, además de que se trata de algo aislado». Estaba a punto de emitir su voto en la sesión de investidura. En ese preciso instante entró Tejero en el hemiciclo. «Es el periodo más triste y vergonzoso de la democracia. Todavía paladeábamos los primeros años de la democracia y la Constitución apenas tenía dos años. Y llegó aquello que era incomprensible para mí». Ricardo de la Cierva, a su lado, se encontraba también confundido: «Manolo, prepárate, que son los de ETA disfrazados», le dijo. Su momento de mayor angustia fue cuando las luces del Congreso se apagaron durante una hora. En la entrevista que se le hizo hace diez años, Núñez Pérez confesaba: «La intensidad del acontecimiento fue tal que no daba tiempo a pensar en uno mismo. Pensabas en los de fuera, en tu familia. No acababas de dar crédito a lo que ocurrí y no acababas de creer que uno mismo era elemento protagonista del suceso. Analizándolo ahora, uno tenía la impresión de ser espectador de algo ajeno a ti mismo». Núñez Pérez cree que la democracia ya está consolidada al margen de que los gobiernos estén más o menos acertados. Y la Constitución sigue siendo sólida». El que fuera presidente de la Diputación Provincial de León en aquel momento, Julio César Rodrigo de Santiago, ya no quiere hablar. «No tengo ningún interés en hacerlo», insistió, remitiéndose a la entrevista que concedió a este periódico hace diez años. Según la versión que dio en aquel momento, Rodrigo de Santiago iba en su coche cuando escuchó por la radio que un grupo de guardias civiles había asaltado el Congreso. Dice que paró el coche y que entró en el Gobierno Militar para pedir información. Ese gesto arrastró posteriormente una larga polémica, puesto que él era civil. Explicó que no sabía qué hacer y que mandó despertar al gobernador de la siesta para informarle de lo sucedido. Más tarde, el gobernador civil le llamó y con él pasó toda la noche del 23-F y la madrugada del 24. «Aquel rumor de que me había presentado al gobernador militar y que me había puesto a disposición de la autoridad militar es un disparado. Yo creo que fue una insidia y un rumor de los comunistas. Nunca hice tal cosa». «Cuando vimos a los guardias civiles salir por la ventana del Congreso, todos respiramos. Ahí se acabó todo». «Pensé: 'pobre país'. Había sido espectador de la Guerra Civil y en ese momento me vinieron a la cabeza imágenes de aquella época», recuerda hoy Celso López Gavela, ex alcalde socialista de Ponferrada. «Pero la situación ahora es muy distinta y la democracia ya está consolidada. Entre otras cosas formamos parte de Europa». López Gavela se encontraba en su despacho. Acababa de llegar de un viaje oficial y le llamó su cuñado para informarle. Inmediatamente después puso la radio y siguió la evolución del golpe desde su casa, junto a su familia. Asegura que a su partido le pilló de sorpresa y, temiendo por la seguridad de los más comprometidos, fue llamándoles uno a uno. Pero ya estaban enterados. «¿Sintió miedo?», se le preguntó a López Gavela hace diez años. Su respuesta: «En los primeros momentos, sí. Tuve mucho miedo, mucha preocupación. Pero no en el aspecto personal, en aquel momento mi preocupación fundamental era la familia. Me pareció que no era ninguna solución desaparecer. Tengo un recuerdo muy dramático porque vi la muerte a quince días». «Con la perspectiva de estos 25 años, lo más importante que se ha conseguido a estas alturas es que la situación actual está alejada de todo aquello que sucedió el 23-F. En esencia, el papel del Rey se ha fortalecido», declaraba ayer el actual presidente de Sogecable. El leonés Rodolfo Martín Villa, tres días después del intento golpista, fue nombrado ministro de Administración Territorial con el Gobierno liderado por UCD siendo presidente Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. En diciembre de ese mismo año, el Gobierno fue remodelado y Martín Villa fue ascendido a la Vicrpresidencia Primera. En su opinión, el estamento militar también está «alejado actualmente de cualquier intento golpista» y atribuye actitudes como la que recientemente protagonizó el teniente general Mena a «un hecho aislado» que carece de importancia y de seguidores en el ambiente democrático de la España de hoy. Lo que son las cosas, en el año 1975 Tejero envió una carta de protesta al entonces ministro Rodolfo Martín Villa por legalizar la ikurriña. Era el primer mensaje golpista del guardia civil. «Salvo que se tuerzan mucho las cosas, la democracia, hoy por hoy, está consolidada», afirma el que fuera director de La Hora Leonesa en el momento en el que se produjeron los acontecimientos del 23-F. Este testigo de excepción considera que los gobernantes «tienen la responsabilidad y el deber de ser diestros para dejar una España lo más unida y compacta posible. Puso como ejemplo el nuevo gobierno alemán, «empeñado en fortalecer la unidad nacional». «A ver si en España somos capaces de hacer lo mismo», añade. El recuerdo más indeleble para Enrique Cimas, tal y como recordaba hace quince años, es «la serenidad del pueblo leonés». «Desde nuestra perspectiva de ciudadanos tuvimos la convicción de que estábamos ante un acontecimiento de suma gravedad. En mis oraciones pedí que no se derramase ni una gota de sangre. Sin embargo, como periodista tuve, y conmigo el periódico entero, la sensación de que teníamos ante nosotros un suculento plato informativo». «El gobernador civil -recordaba- insistió en que destacase el clima de serenidad». El intento del golpe de Estado sorprendió al secretario provincial de UGT negociando el convenio colectivo de Hostelería en la sede de la patronal leonesa, junto con el entonces también secretario provincial de CC.OO., Casimiro García. El ex líder ugetista Fermín Carnero ha cambiado su visión del golpe de España respecto a la que tenía hace 25 años. «Por entonces nos lo tomamos con tensión y estupor. Creíamos que eso iba hacia adelante y tomamos la decisión de guardar todos nuestros ficheros». Pero Carnero ha vuelto a ver este año las imágenes de televisión que conserva de aquel 23-F. «Al verlas, mi sensación era de tristeza, tenía la idea de estar viendo una carnavalada». «Con la perspectiva que te da este tiempo -añade el sindicalista-, todo aquello me parece ahora chusco y pobre en la manera en que los militares afrontaron la situación. Es una sensación de bochorno por la imagen que podíamos estar dando a Europa y al mundo en un momento tan complejo como el que vivía España en ese momento. Desde luego era más propio de una democracia bananera de Latinoamérica que una democracia ya asentada». El actual secretario del PP en la Diputación y ex alcalde de San Andrés, Manuel González Velasco, se encontraba en casa cuando le avisaron. Era un miembro destacado del PCE leonés y ya sabía lo que era la clandestinidad. Pensó en los fichos de su partido y quiso destruirlos, aunque finalmente los guardó en casa de un camarada. Tras estos 25 años, su impresión es que «democráticamente se ha retrocedido y se han perdido libertades». «No es posible -matiza- que las minorías se impongan a las mayorías, como que un fascista impoga su criterio desde la brutalidad». «Tampoco puede ser -sigue explicándose- que en un ayuntamiento un concejal de un determinado partido mande más que diez de otro por ser llave». «Y ya no hablamos de los nacionalismos». «De todos modos, lo que pasó el 23-F no se volverá a dar en la vida. Además, por muy nobles que sean los radicalismos la democracia tiene que tener otros cauces». Velasco se encuentra «dolido» porque, según él, «se había alcanzado un techo de libertades durante la democracia que se están perdiendo». Roberto Merino Sánchez tuvo un 23-F un tanto especial. Acababa de ser expulsado del Partido Comunista y también estaba reciente su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de León, además de que cumplía años. Cree que las cosas no han cambiado desde que hace diez años declarara que ocupaba el número dos en una lista de «paseables». «Lo veo lejano, aunque lo tenga fresco. La situación regional es prácticamente la misma, a pesar de esta guerra de estatutos que seguramente a alguien le interesa agitar». En todo caso, Merino opina que «no existe ya una posibilidad de involución; el peligro está conjurado». En el 81 se encontraba en su despacho. Había recibido la llamada de un amigo para felicitarle y en ese momento la radio daba la noticia. Y sintió miedo porque lo primero que hacen los salvadores de la patria es librar a la misma del «apestoso rojerío». «Sí, sentí mucho miedo. A pesar de haber sido explulsado del PC dos días antes, yo estaba muy significado en la izquierda». Como casi todos, no se fue a la cama hasta la comparecencia, televisiva y tranquilizadora, del Rey. Las calles de León se quedaron en silencio al atardecer, cuando la oscuridad se cernía también sobre el futuro inmediato del país. Pero el golpe de Estado abanderado por Tejero levantó un revuelo mayúsculo en los despachos, las salas de banderas de los cuarteles y el Gobierno Militar. Una investigación realizada por este periódico hace diez años reconstruyó, paso a paso, cómo se vivió el histórico acontecimiento en la provincia. Con testimonios actualizados y la distancia de 25 años, éste es el relato de aquel 23-F. «Cuida ahí la calle» En los primeros minutos del golpe se temió la acción de los ultras Era una tarde fría y algo oscura. El gobernador civil de León, Ángel García del Vello, hojeaba las notas manuscritas y el informe del delegado del Mopu para preparar una reunión sobre las expropiaciones del pantano de Riaño. El televisor vomitó la sonada a las seis y veinte de la tarde. El gobernador había levantado la vista segundos antes al oír el nombre de Núñez Encabo en el Hemiciclo. Su amigo y diputado leonés, Núñez Pérez, no llegó a votar. Se le clavaron los ojos en la pantalla al ver a un guardia civil, pistola en mano, subido en el estrado de la presidencia. Los instantes siguientes reverberan en la memoria y agolpan pensamientos, llamadas y paseos por el despacho. Oyó algo como ¡que nadie se mueva! y siguió allí, petado. Segundos después entraron en su despacho, atónitos y despavoridos, el secretario general del Gobierno Civil, Luis Aparicio, y el inspector del Ministerio del Interior Ramón Ferrer Peña, quien había empezado aquella mañana del lunes 23 de febrero de 1981 una revisión rutinaria de los expedientes y estadísticas del Gobierno Civil, que nunca llegó a finalizar. -¿Qué pinta un guardia civil en el Congreso?, se preguntaba del Vello, fijándose en el tricornio como único elemento de identificación de Tejero, un personaje que desconocía y cuyos galones no se distinguían a través de la imagen en 625 líneas. Quien sí le reconoció enseguida fue el leonés Rodolfo Martín Villa. Desde el banco azul del Gobierno y mientras los diputados se desplomaban unos encima de otros entre los bancos del Congreso recordó su participación en el cese del teniente general, alzado ahora allí, como jefe de las comandancias de Guipúzcoa y Málaga. La tejerada -era un apodo difícilmente futurible en aquellos momentos- alborotó la comisión de Cultura del Ayuntamiento de León, reunida con María Dolores Otero al frente. Se interrumpió la negociación del convenio de Hostelería, donde Fermín Carnero y Casimiro González, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, respectivamente, se medían con la patronal por los sueldos de los camareros. Mientras el gobernador se ponía en contacto con el teniente coronel de la Guardia Civil, Luis Molina, y cavilaba sobre las intenciones de la capitanía general de Valladolid, de la que dependía León, el médico y presidente de la Diputación Julio César Rodrigo de Santiago se presentó en el Gobierno Militar. Una visita que traerá cola. No se sentía el tiempo. Miguel, Ginés y Vicente, los policías a turnos en la escolta del gobernador, tomaron del armario los fusiles y se situaron en la escalera, en la primera planta del Gobierno Civil. Los cinco guardias y el cabo que formaban la escuadra de la Guardia Civil en la custodia de este recinto no dijeron «esta boca es mía». «Me dije, a ver qué pasa. Ahí abajo está la Guardia Civil y aquí la Policía -cuenta del Vello 15 años después-. No hubiera servido para nada por que no se trataba de liarse a tiros, pero si nos detenía el teniente coronel era una forma de decir que lo hacía en contra de nuestra voluntad». Acto seguido sacó su pistola del cajón y la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. ¡A sus órdenes, general! La polémica de los civiles que fueron al Gobierno Militar En el salón de estar de la Comandancia de la Guardia Civil de León se estaba desarrollando una grave pugna por dar el órdago. La partida de mus la disputaban el general de la VI Zona, Manuel Cervantes Coyantes, su ayudante y otra pareja que había puesto la Comandancia. García del Vello había conocido a Cervantes diez años atrás en Huelva. Tenía confianza y cierta amistad con él. Los dos eran recién llegados a la provincia; el general más que él. Pero al otro lado de la línea telefónica se topa con la voz del teniente coronel Luis Molina Navarro, jefe de la Comandancia de León. «Comentamos todo lo que había pasado, ya lo sabían por alguien que estaba viendo la televisión y le dije que viniera para poner en marcha el dispositivo de seguridad». Habla también con Sergio González Justo, comisario jefe, a quien recuerda como alguien «fino como el coral». Le da la misma orden y poco después se presenta acompañado del jefe de la Brigada de Información, José Somoza, un zamorano metido a policía por verdadera vocación, pues era rico y el hotel donde vivía valía más que su sueldo. Rodeado por las secretarias, Luis Aparicio, su secretario particular, Angel Valencia -hoy concejal de Protección Civil en León-, el vicesecretario general, Antonio Bollo, el gobernador, en alto o para sus adentros -el recuerdo no es preciso- comenta la expectación que siente respecto a la postura de la Guardia Civil de León: «No sé hasta qué punto están implicados o no». El tono que había empleado el teniente coronel, «me tranquiliza». Otros funcionarios del Gobierno Civil se incorporan en un goteo imparable en los primeros minutos del atardecer: Nazario, Joaquín Luengo, el del télex, y Luis Cuadrado, acuden ahora a la memoria del ex gobernador, al igual que los dos chóferes, Salus y Serafín. Aparicio ve llegar a Julio César Rodrigo de Santiago acompañado de Luis Manuel Martín Villa, hermano fallecido del ex ministro del Interior. Todavía no estaba constituida la junta de orden público, ni tampoco ellos dos eran miembros. Luego vienen más políticos y las llamadas son multitud. Teresa Martínez, una leonesa que vive en la capital del Turia, se queda impresionada al ver colas de histeria acaparadora en las pequeñas tiendas de ultramarinos del barrio y, luego, los tanques de Milans del Bosch. Las comunicaciones con la ciudad se hacen imposibles. La madre del diputado José Álvarez de Paz, en Ponferrada, pasa mucho, mucho miedo... Sus dos hijos están en peligro y no puede ni hablar con ellos: el político en el Congreso y el catedrático en Valencia. Paralelamente, en el Gobierno Militar de León ocurren otros oscuros sucesos. Las fuentes son indirectas: Pedro Gómez Cárdenas, el general gobernador también ha fallecido. Cordero del Campillo asegura haber confirmado en su propia voz los rumores sobre aquellos civiles que se presentaron, «A sus órdenes, mi general», para pedirle armas. El nombre al que todos los entrevistados apuntan es el de una «autoridad civil importante de la provincia». Otra fuente, comentando la falsa impresión que causó el traje de campaña del coronel, ha dicho: «Al Gobierno Militar a por una pistola; patrióticamente se sentía identificado con Tejero». -¿Alguno de los guardias civiles?. -No, un médico que era ginecólogo, (Agustín Álvarez), el marido de María Dolores Otero. Pero esta persona, ya fallecida, no es la «autoridad» a la que todos los demás se refieren. Julio César Rodrigo de Santiago, lo niega. El comisario, ya en el Gobierno Civil, advierte a García del Vello que, tiempo atrás, habían tenido problemas con un grupo de extrema derecha al que la policía conocía con el sobrenombre de «Los chicos de Max». Así que se ponen atentos a cualquier tipo de actuación de grupos de estas características, mientras van llegando más personas al Gobierno Civil: Maximino Barthe y Ángel Capdevila, del PSOE, son paisanos que se presentaron en el edificio para pedir armas en apoyo del intento de golpe de Estado que protagonizaba Tejero. Una llamada crucial está a punto de realizarse desde el Gobierno Civil. García del Vello marca el número del gobernador militar, Gómez Cárdenas: -¿Sabe algo?, pregunta. -No sé nada, replica Cárdenas. -¿Ni le han dicho nada de Capitanía?, inquiere del Vello. -Nada, responde. -¿Va a llamar a Valladolid?. -Mira, nosotros, los de Caballería, decimos que el que pregunta se queda de cuadra, de manera que si quieren algo que me llamen ellos. Taconazos en el Gobierno Civil El gobernador desoye las reticencias a dispersar guardias El secráfono sólo había sonado en el Gobierno Civil el día de la dimisión de Suárez, el 25 de enero de 1981, y unos meses antes, durante una prueba. Aquella tarde, el artilugio telefónico con módem de la casa Erikson volvió a dar señales de alarma en el edificio de Plaza Calvo Sotelo. Ángel García del Vello recibe una instrucción clara: poner en marcha el dispositivo de «Alerta» en su grado más leve. Comunica la orden y el teniente coronel, ya instalado en el Gobierno Civil, se pone en contacto con el comandante José Antonio García Martín para dar las instrucciones. A esta hora, cerca de las 8 de la tarde, la Policía ya se había situado frente a las sedes del PSOE en la avenida del Doctor Fléming y las de UGT y Comisiones Obreras, en el edificio de Gran Vía de San Marcos. Las instalaciones de los medios de comunicación escritos también tuvieron su patrulla de protección en las inmediaciones de Lucas de Tuy y Pablo Flórez. Las temidas acciones de grupos de extrema derecha presuntamente envalentonados con la intentona golpista, se esperaban no tanto en algaradas callejeras como en posibles atentados puntuales. En aquellos momentos, en cambio, la confusión era tal que el ex secretario del PSOE en León, actualmente gobernador civil en Palencia, confiesa que «llegado un momento, miramos a la calle y comentamos si los policías nos estarían protegiendo o vigilando». La noche se presumía larga y oscura. Para complicar las cosas, la Guardia Civil plantea al gobernador «la inconveniencia de poner en marcha la operación Alerta ». Razones: supone una dispersión excesiva de las fuerzas y había posibilidades de disturbios aprovechando las aguas del río revuelto. Pero el gobernador, con la rapidez que el pensamiento trabaja en los momentos de tensión, medita otra cuestión: «¿Para qué quieren tener la fuerza concentrada?». La tranquilidad que le da el tiempo pasado le permite reposar ahora la posición que podían estar defendiendo, al margen de cualquier sospecha, tanto el teniente coronel Molina como el comandante García Martín (el general jefe, Cervantes, se ocupa de la VI zona, no del operativo provincial): «Los mandos se preguntan ¿es que no se fían de nosotros y por eso quieren dispersamos?». Hasta el capitán de Villablino -era una zona especial porque se buscaba y vigilaba a presuntos grapos en Villaseca de Laciana- hizo la observación. La conversación que mantuvieron José Antonio García Martín fue tajante y decisiva: -Es una orden que tengo y como tal yo la acato y, además, os la transmito. Han dicho que se ponga la «Alerta» y se pone. Luego, la responsabilidad de cada uno es aparte, dijo el gobernador. -Pero, gobernador, ¿ha pensado ésto? Está dispersando a todas las fuerzas. -Sí, sí comandante. Pero tenemos esta orden y tenemos que atenemos. (Me mantuve y me pregunté, ¿quién soy yo para cuestionar lo que deciden mis superiores?). No se oyeron taconazos más altos en el Gobierno Civil. El teniente coronel se cuadró, el comandante también y la operación «Alerta» se desplegó en toda la provincia. En la Comandancia de la Guardia Civil sonaron otros taconazos. Un suboficial remiso a marchar con su pareja a un extremo de la provincia tuvo que cuadrarse y acatar la instrucción. Se supo que este guardia civil, joven y eficiente, esperaba otro desenlace de los acontecimientos distinto al fracaso. No era el único. También entre algún policía se esperaba el resultado de vuelta al pasado. Y ni que decir tiene entre aquellos que se aprestaron a pedir armas y adherirse a la causa militar en cuarteles cuyo nombre no se atrevieron a pronunciar al día siguiente. El silencio de Campano El capitán general de Valladolid conocía la trama Ángel Campano, capitán general de la VII Región Militar, nunca llamó al Gobierno Militar de León para dar instrucciones sobre el golpe. Era un mando a la antigua usanza, cuyo ascenso fue propiciado por la Guerra Civil al quedar del lado de los vencedores. El regimiento de Almansa, el Lanzacohetes de Astorga y el campamento de El Ferral eran los enclaves del Ejército de Tierra en León. El centro de Manjarín ya controlaba las comunicaciones. La base aérea, al mando del coronel Eduardo Ugarte Bustamante, tiene y tenía una dependencia directa de los mandos del Ejército del Aire en Madrid. La implicación de Campano en la trama golpista no es algo que haya llegado sólo a oídos de colegas veterinarios como el profesor Cordero del Campillo. Ningún capitán general llegó a tomar las medidas de Milans del Bosch en Valencia, a pesar de que se movían entre la espera y el deseo de actuar, sin que sea posible determinar el grado de implicación de cada cual. Los que se sentaron en el banquillo fueron 32 generales, jefes y oficiales y fue absuelto Cortina. Un oficial de la Guardia Civil vinculado a León, Enrique Bobis González, después teniente coronel en la Plana Mayor de Tráfico, sufrió tres años de condena. Era uno de los acompañantes de Tejero en el Congreso de los Diputados. Bobis fue reconocido, por televisión, por otro oficial destinado en la Comandancia de León, según supo más tarde el propio gobernador civil. En el Ferral los soldados fueron acuartelados y se puso en marcha un dispositivo de emergencia. A pesar de ser un campamento de instrucción de reclutas, muchos de ellos pasaron la noche metidos en un tanque en posición de salida. Los militares estaban más alerta de lo que pudieron observar desde las inmediaciones de los cuarteles los civiles que fueron encargados de dar una «vuelta de reconocimiento». Soldados de mili han podido dar testimonio de ello años después. En León se temían las instrucciones que pudiera dar el coronel que mandaba el CIR, Manuel Pons Alcántara. Había sido instructor del Rey y ya había recibido más de un castigo disciplinario por dirigirse en cartas al monarca criticando la situación política. Era lo que se dice un hombre radical de derechas. En la base aérea se extremó la vigilancia y los soldados tenían órdenes concretas de disparar a quienes se acercasen a sus puertas, cuenta un fotógrafo que hacía la mili en la Policía Aérea. El capítulo de los soldados de reemplazo está lleno de anécdotas en el 23-F y días posteriores, ya que, para ellos, el estado de alerta no cesó hasta quince días después. Miguel Ángel Fernández, posteriormente concejal de IU en Ponferrada y entonces militante de las Juventudes Socialistas, recuerda a menudo que estaba de permiso y tuvo que incorporarse inmediatamente a su cuartel en Sevilla. Entre tanto, en el Gobierno Civil, Joaquín Luengo, encargado del servicio de télex, transmitió el mensaje tranquilizador a Madrid. El télex decía: «Las autoridades provinciales reiteraban su acatamiento a la Constitución». Archivos fuera Las peripecias de los militantes de izquierdas «Si triunfaba el golpe, lo mismo daba que te escondieras o no». Así habla Honorio Vázquez, un ugetista del sector ferroviario que se enteró del golpe de Estado cuando volvía de una asamblea de la Renfe en su Ford Fiesta verde. Vázquez participó en la evacuación de los ficheros de los militantes de UGT, que «se cargaron en los coches de Fermín Camero y otro compañero, Ricardo». Militante de la UGT y del PSOE desde 1976, Honorio Vázquez acudió también a la sede del partido. Pero allí la operación ya estaba realizada. «Se trataba de ocultar la identidad de militantes que no eran conocidos ya que, en algunos casos, ni siquiera lo sabían en sus empresas», agrega. En el PSOE, Ángel Capdevila acostumbraba a acompañarse de la radio en aquellas tardes de invierno y se enteró del golpe de manera instantánea. Manuela García Murias, secretaria de Organización, también estaba en la sede y recuerda que «Ángel bajó al Bar Ferroviario y vio por la tele lo que ocurría», mientras desde Doctor Fléming intentaban contactar con Ferraz, la sede central. Se tomó la decisión de «hacer desaparecer» los ficheros del partido tras hablar con el gobernador civil. Capdevila cree que fueron escondidos en la bodega de un militante identificado con el partido. La futura senadora, Manuela García, precisa que las fichas de los militantes fueron a parar a la carbonera de su madre, que vivía y vive en la Plaza de Calvo Sotelo, al lado del Gobierno Civil. «¡Hicimos algunas locuras!», exclama. Pero niega que ella marchara a Portugal: «Tenía 25 años y mi trayectoria en la clandestinidad era casi nula». Casi todos esperaron a la noche para realizar la operación. En el PSOE de Ponferrada, José Alonso Rodríguez, luego procurador socialista, metió las 100 ó 150 tarjetas y papeles correspondientes en una bolsa de basura y la enterró, ayudado por su esposa, en una maceta de la terraza de su domicilio. El secretario del PSOE en Ponferrada era Ricardo Hernández, un ingeniero agrónomo de Valencia que dejaría de serlo unos días después. Alonso evoca el momento en que Hernández pudo contactar con un hermano militar que vivía en Madrid: «Le aconsejó que se fuera a algún sitio donde no le conocieran». A todo ésto, los ficheros de la Unión Comarcal del Bierzo se escondieron en un vagón aparcado en una vía muerta de Renfe. Carretero los escondió en aquel lugar, mientras en su casa recibía curiosas llamadas: «Julito Parcelina , un falangista que se vanagloriaba de que su carné se lo había dado José Antomo, me llamó y me dijo: Pepe, no te preocupes que ahora mismo voy para tu casa y yo te protejo con mi pistola». Carretero, ya retirado de la política, decía que los rumores sobre personas a las que les pilló la intervención del Rey en la frontera con Portugal eran «fantasías». Sin embargo, Andrés Fernández, muy vinculado a la UGT, ha afirmado que existía una ruta por La Bañeza, Castrocontrigo y La Cabrera hacia Portugal trazada por militantes de la UGT en épocas de clandestinidad y que se reactivó aquella noche. Ningún entrevistado ha reconocido que se echara al monte o en ruta hacia la frontera. La mayoría reconoce que no regresaron a casa hasta que salió el Rey por televisión y algunos de ellos, que anduvieron deambulando por carreteras y pueblos de la provincia. Se acabó la pesadilla La lista de los que iban a morir y opiniones sobre el fracaso «En el Congreso había dos clases de guardias civiles: unos que querían que España volviera a caer en el pozo y otros que no sabían qué misión les habían ordenado cumplir». El que fuera gobernador civil de Pontevedra, José Álvarez de Paz, sintetiza así el perfil de los «asaltantes» de la institución en la que está «depositada» la soberanía de los españoles. Una bala perdida se clavó a un metro de su cabeza. Manuel Marín y él nunca han sabido quién se tiró encima de quién cuando sintieron las voces y entraron los guardias civiles. Desde el suelo, Ramón Tamames, entonces diputado comunista, les hacía el simbólico gesto del cuello segado. En la zona donde se encontraban ningún diputado tenía transistor; no sabían lo que pasaba. Desde Madrid, el Ministerio del Interior empezó a recabar información de las provincias después de que desde el Gobierno Civil de León enviara el télex declarando la fidelidad de las autoridades provinciales a la Constitución: «No quiero ser tan vanidoso y pensar que fue motivado por nuestro télex, pienso que fue casual», señala el ex gobernador. Los ánimos de los partidarios del golpe fueron variando lo mismo que los acontecimientos. Y nadie se atreve a señalar estas voces abiertamente. «Al principio, el teniente coronel decía, cojonudo, éste -Tejero- es un ejemplo de la Guardia Civil; pero a la una y media de la madrugada decía: qué vergüenza, qué baldón para la Guardia Civil». Hacia la una de la tarde quedó desactivada la operación «Alerta». Mientras, a la salida del Congreso los diputados eran recibidos por una multitud acordonada y, muchos de ellos, por sus familiares. Teresina, la mujer de Álvarez de Paz, se pasó toda la noche a las puertas del Palacio. También le esperó Amancio Prada, quien, según recuerda, le dijo: «Pepe, esto va en serio» y se afilió al PSOE de Ponferrada. Todo un síntoma de los apoyos que empezaba a recibir el partido de González a un año y medio de su histórico triunfo. En la provincia de León, la lista de paseables era encabezada por el académico Miguel Cordero del Campillo. Políticos y profesores ocupaban un puesto tras otro. También salió el nombre de Justino Burgos y el de otro profesor de la Universidad, Alfonso Prieto (revista Actual , 20-8-1982. «Los que iban a morir el 24-F. Relación de 3.000 nombres»). Su delito era haber encabezado manifiestos de apoyo a la Democracia en León. El de los políticos como Roberto Merino y Celso López Gavela o el propio Álvarez de Paz, militar en partidos y ocupar cargos públicos. La información original fue publicada por Diario de León íntegramente en febrero de 1996, con motivo del décimoquinto aniversario del golpe de Estado. La investigación fue coordinada por Ana Gaitero y contó con la participación de Fernando Aller, Georgino Fernández, Ángel María Fidalgo, Francisco Martínez Carrión, Antonio Núñez, Vicente Pueyo y Camino Gallego. Las entrevistas actuales han sido realizadas por Carlos Fidalgo y Marco Romero. El profesor José Luis Pitarch pronunciará mañana una conferencia sobre el alzamiento fallido de 1981 bajo el título «La larga noche del 24-F». El acto se desarrollará, a las ocho de la tarde, en la Biblioteca de la Fundación Sierra Pambley, con la colaboración de dicha Fundación y la organización de Corriente Roja de León. José Luis Pitarch Bartolomé, abogado, periodista y comandante en la reserva, es hermano de Pedro Pitarch Bartolomé, actualmente Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, que sustituye al cesado José Mena Aguado. José Luis Pitarch tuvo una participación activa en la UMD (Unión Militar Democrática) cuando era capitán de Caballería. En 1981 publicó su Diario abierto de un militar constitucionalista , ilustrativo de las dificultades de los militares demócratas en el Ejército de aquella época. En 1983 se le concede un premio nacional por la defensa de los derechos humanos. Hoy es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, compaginando dicha tarea docente con la colaboración periodística en Cartelera Turia, así como otras publicaciones de artículos en diarios y revistas. También forma parte de la Unión Cívica por la República.