El Gobierno vasco cree que ETA se ha fortalecido en estos meses La Fiscalía pide prorrogar la prisión de los imputados por el 11-M
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó ayer que la banda terrorista ETA se ha fortalecido en los últimos meses y que prueba de ello es la reciente campaña de atentados (once ataques en apenas dos meses). Los comentarios de Balza fueron contestados por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien exigió al Gobierno vasco que esa información sobre la situación de la organización armada se traduzca en detenciones. Balza, en declaraciones a la Cadena Ser, explicó que su departamento no tiene «duda de que ETA tiene varios comandos operativos en Euskadi y probablemente fuera de Euskadi también». Según el máximo responsable de la Ertzaintza, «la secuela de atentados» de los últimos días demuestra ese refuerzo de la banda, que «tiene mucha más movilidad». Señaló que la dificultad de capturar a los terroristas radica en que ahora «la mayoría de los miembros de los comandos son legales». La Fiscalía pidió ayer al juez del 11-M, Juan del Olmo, que prorrogue la prisión de los principales imputados por la masacre de Madrid. Cinco de los terroristas acusados en el sumario de la matanza de los trenes pasaron ayer por la Audiencia Nacional para revisar su situación, ya que en los próximos días se cumplen dos años de su encarcelamiento preventivo y pasado este tiempo el magistrado debe confirmar la prisión. Ante Del Olmo comparecieron los primeros detenidos que todavía permanecen en prisión: Jamal Zougam, el dueño del locutorio donde se compraron las tarjetas de los móviles usados para activar las bombas; José Emilio Suárez Trashorras, el ex minero asturiano que vendió los explosivos a los terroristas; Basel Ghalyoun, el sirio identificado por testigos como uno de los autores materiales de la masacre; Rafa Zouhier, el confidente de la Guardia Civil que participó en la venta de la goma dos; y Hamid Ahmidam, el narcotraficante que ayudó a financiar los atentados. La Fiscalía justificó su petición por la posibilidad de que los imputados puedan volver a atentar si quedan en libertad, por el evidente riesgo de fuga, los numerosos indicios contra los detenidos y la gravedad de las imputaciones.