Diario de León

| Análisis | La actuación judicial y policial |

Casi veinte días en pasar del juzgado a la comisaría

El 24 de diciembre se le envió la orden a los Mossos d¿Esquadra para que investigasen las lesiones de Alba, pero la carta no llegó a la policía autonómica hasta el 10 de enero

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efe | barcelona

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La orden del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona El titular de dicho juzgado ordenó a los Mossos d¿Esquadra investigar las lesiones que la pequeña Alba, de cinco años, tenía en su cuerpo producidas, supuestamente, por los malos tratos a los que fue sometida por el compañero sentimental de su madre biológica. La versión de Interior Según informó ayer el departamento de Interior, la orden del juzgado sobre los malos tratos a la pequeña Alba se activó un día después de que llegara a la policía autonómica la carta con el oficio judicial, que se mandó por correo ordinario. Traspaso de la información A las 8.28 horas del 12 de enero, se traspasó la información a la Comisaría General Territorial tal y como establece el sistema de actuación en estos casos, según la Administración. Ese mismo día, según Interior, la comisaría trasladó la información a la Unidad de Coordinación Operativa Territorial del Cuerpo Nacional de Policía para que investigara el caso, ya que la policía autonómica no tiene aún competencias en Montcada i Reixac, donde residía la menor maltratada junto a su madre y el compañero sentimental de ésta. Llega la orden a la policía autonómica La orden de los juzgados, enviada por carta, llega a manos de los Mossos d¿Esquadra diecisiete días más tarde a través del correo. Un portavoz de los Mossos ha señalado que envió por correo ordinario el oficio judicial porque no consideró que la investigación del caso de malos tratos a la menor fuera urgente, ya que también podría haber sido él mismo quien citara directamente a la familia para interrorgar a sus miembros en las dependencias judiciales. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona que ordenó el día 24 de diciembre a los Mossos investigar las lesiones de Alba C.C., de 5 años, lo hizo mediante un oficio enviado por correo en una carta que llegó a la comisaría central de la policía autonómica el 10 de enero, 17 días después. Según informó ayer el departamento de Interior en un comunicado, la orden del juzgado se «activó» el 11 de enero, un día después de que llegara la carta con el oficio judicial. A las 21.30 horas de ese día se introdujo la información en el sistema informático de los Mossos d'Esquadra y a las 08.28 horas del día 12 se traspasó a la Comisaría General Territorial, «como establece el sistema de actuación en estos casos». Traslado de información Esta comisaría, según Interior, fue la que trasladó el mismo día 12 la información a la Unidad de Coordinación Operativa Territorial del Cuerpo Nacional de Policía para que investigara ya que el domicilio de la víctima está en Montcada i Reixac (Barcelona), donde los Mossos d'Esquadra aún no tienen competencias. El departamento de Interior de la Generalitat ha puntualizado que los Mossos notificaron vía fax a las 08.29 horas este traslado de competencias al juzgado de instrucción número 4. Un portavoz de los Mossos d'Esquadra ha señalado que el envío por correo ordinario del oficio judicial, que tardó 17 días en llegar, indica que el juez no consideró urgente la investigación porque también hubiera podido ser él mismo quién citara directamente a la familia para interrogar a sus miembros en las dependencias judiciales. El departamento de Interior ha informado de que desde el despliegue de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, el pasado 1 de noviembre, para tramitar la gran cantidad de requerimientos que llegan de los juzgados -más de 11.000 en sólo tres meses- ha establecido con el departamento de Justicia «un nuevo sistema para garantizar la necesaria celeridad». El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió ayer una investigación para averiguar si se ha producido algún error judicial en la desprotección que ha sufrido la niña maltratada mientras que la Generalitat ha reconocido fallos por parte de la Administración.

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