Considera que ha vulnerado su ilegalización al ser la verdadera organizadora de la protesta
El juez cita a Otegi como imputado por los disturbios de la huelga
La jornada de paro tuvo un seguimiento muy escaso tanto en el País Vasco como en Navarra
El juez Fernando Grande-Marlaska celebrará el próximo lunes una vista en la Audiencia Nacional para determinar si encarcela al portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por burlar la suspensión de actividades de esta formación, que el propio magistrado decretó el pasado 17 de enero por espacio de dos años. La medida se adopta por los incidentes ocurridos ayer en el País Vasco y Navarra con motivo de la huelga general convocada por la izquierda abertzale y dentro del sumario abierto por pertenencia a ETA contra 41 líderes históricos de Batasuna, en el que Otegi está procesado y en libertad bajo fianza de 400.000 euros desde mayo de 2005. Grande-Marlaka, a la vista de los informes sobre los incidentes en el País Vasco y Navarra que le entregó hoy la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, considera necesario celebrar la vista judicial citada para saber si hay una reiteración delictiva en el comportamiento de Otegi que obligue a modificar «las circunstancias determinantes de la medida cautelar actualmente vigente» (la libertad bajo fianza). El juez, tras recibir los informes policiales, considera que Otegi, junto a otros líderes del partido proscrito, serían las personas que en nombre de Batasuna habrían organizado la huelga general en protesta por la muerte de dos reclusos vinculados a ETA en el plazo de una semana. El resto de los imputados por estos hechos, que también son citados por el juez a declarar la próxima semana, son el ex portavoz de Gestoras Pro Anmnistía, Juan María Olano, el secretario general de LAB, Rafael Díaz Usabiaga, los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, y la dirigente de la formación y abogada Arantza Zulueta. Grande-Marlaska indica en el auto que, a la vista de los informes, la autodenominada «huelga» habría sido organizada por Batasuna como «frente político-institucional» de la banda armada y que durante la jornada se habrían cometido delitos en varias localidades del País Vasco, tales como la colocación de cuatro bombas, la inutilización de accesos a locales o la interrupción de las vías públicas. El juez considera que estos hechos delictivos «han puesto en entredicho no sólo la paz pública sino el mismo orden constitucional» y que los citados líderes del partido suspendido habrían actuado como autores en calidad de inductores. Escasos incidentes La sociedad vasca dio ayer la espalda a Batasuna, que vio fracasar la huelga general convocada en protesta por la muerte en prisión de los presos de ETA Igor Angulo y Roberto Sáinz y contra de la política que aplica el Gobierno vasco a través de la Ertzaintza. Los ciudadanos afrontaron con normalidad la jornada de paro que, según la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, sólo fue secundado por «LAB y el entorno de Batasuna», o lo que es lo mismo, aclaró, «no ha recibido sino el apoyo de ETA». La portavoz, no obstante, matizó sus propias palabras y aseguró que la huelga quedó en un segundo plano porque la noticia de la jornada fue las bombas con las que la banda terrorista salpicó distintos puntos de la geografía. «ETA ha querido atacar a toda la sociedad, pero, sobre todo, a quien ha perjudicado es a Batasuna», indicó Azkárate, que añadió que «si yo fuese dirigente de Batasuna no me sentiría contento con esta coincidencia en el tiempo» entre la convocatoria y los atentados.