El sumario del 11-M muestra que no hubo anomalías en el traslado de las pruebas

El inspector de Policía responsable del traslado de los enseres recuperados en la estación de El Pozo del Tío Raimundo tras los atentados del 11-M, entre los que se encontraba la mochila-bomba que permitió llegar hasta los responsables de la masacre, negó al juez instructor Juan del Olmo que se produjeran irregularidades o anomalías durante su conducción hasta la Comisaría del Puente de Vallecas o durante su almacenaje en esas dependencias. El juez de la Audiencia Nacional levantó el secreto de sumario sobre la declaración que realizó la semana pasada el inspector jefe Miguel Ángel Álvarez, que descartó que hubiese sido posible manipular la prueba que permitió las primeras detenciones de miembros del comando islamista que ejecutó la matanza: la única mochila-bomba que no estalló. Al mismo tiempo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió una nota de prensa en la que desmiente información publicada en el periódico El Mundo que mantiene que esa mochila había sido manipulada e incluso colocada por alguien en las horas posteriores a la masacre, para culpar de la voladura de los cuatro trenes de cercanías a los islamistas, que no tendrían por qué ser los autores del atentado. Ese mismo periódico defiende que ETA participó en los atentados, pese a que la investigación policial no ha encontrado indicio alguno que sostenga esta hipótesis. Las pruebas El inspector jefe fue encargado por la juez de Instrucción de Madrid que acudió a la estación de El Pozo de custodiar los enseres allí recuperados. Las bolsas y paquetes, que según Álvarez formaron una pirámide de cinco metros de diámetro por dos de altura, en grandes bolsones de basura que se sellaron, se introdujeron bajo custodia policial en dos furgonetas, se condujeron a un pabellón de Ifema y después a la citada comisaría. El inspector jefe reconoce en su declaración que una bolsa le llamó la atención porque la bolsa pesaba mucho más de lo que aparentaba y hubo que comenzar a llenar un bolsón nuevo con ella por miedo a que reventase el anterior, que ya estaba bastante lleno, y no recuerda haberlo visto después en la comisaría. Álvarez reconoce que él no controló el ir y venir de las furgonetas de El Pozo a Ifema y del recinto ferial a la comisaría, pero que sí puede asegurar que tanto su carga como los trayectos fueron vigilados en todo momento por los mismos agentes de policía y que nadie detectó manipulación alguna en los precintos. También explicó que no estaba presente en la comisaría cuando la bolsa fue abierta, pero que se hizo respetando el protocolo policial, lo que puede explicar el que volviese a ver la bolsa que le había llamado la atención. Cuando el juez le exhibió la mochila-bomba atribuida a los terroristas, no la reconoció. Por su parte, el comunicado de la Fiscalía dice que jueces y fiscales controlaron el día de los atentados y en todo momento todas las actuaciones policiales y que los efectos recogidos en El Pozo «fueron custodiados de forma permanente por la policía judicial». Destaca que el inspector jefe declaró al juez que «no observó manipulación alguna de los objetos recogidos» en la estación. Pero para el PP, todo esto al parecer no basta. En su estrategia, las exigencias para el esclarecimiento de los atentados de Atocha serán ahora compatibles con los discursos del partido opositor sobre el estatuto catalán y la política antiterrorista. Así, mientras Rajoy preguntará este miércoles al presidente del Gobierno sobre el tratamiento que da a la lengua española el nuevo texto estatutario aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso, el diputado Jaime Ignacio del Burgo se interesará por las averiguaciones del 11-M. Este diputado ha escrito un libro sobre el tema que tiene previsto presentar este miércoles en un acto público que contará con la presencia de Mariano Rajoy.