Industria trata de aclarar con las autonomías qué parte de las infraestructruras financian

Aún no hay nada decidido, según el Ministerio de Industria. La confusión sobre qué aportará finalmente cada administración al Plan del Carbón 2006-2012 parece haberse acrecentado tras el principio de acuerdo que finalmente pondrá el marcha el marco de actuación del sector minero durante los próximos siete años. Mientras la Junta de Castilla y León se niega a aportar un 25% adicional al presupuesto de la reactivación destinado a las infraestructuras (alrededor de 300 millones en la comunidad), desde el Ministerio de Industria se apunta la intención de que el Gobierno central aporte el 75% de las inversiones en infraestructuras, y las autonomías el 25% restante, aunque sin determinar de momento cómo se materializaría la adicionalidad. Lo que sí está claro es que las autonomías no podrán ser obligadas a aportar esta cantidad de las inversiones en infraestructuras, puesto que no han firmado el Plan del Carbón. Castilla y León y Aragón ya han manifestado que no se sienten vinculadas a este plan de actuación porque Industria no ha contado con ellas. Fuentes ministeriales aseguraron que el Gobierno deberá negociar ahora con las autonomías que no acepten cofinanciar las actuaciones con el porcentaje señalado en el plan, y se remiten a los protocolos que deberán firmar la Administración central y las autonómicas para fijar el marco que desarrolle la concesión de las ayudas destinadas a las infraestructuras. Estos protocolos deberán tener en cuenta también las actuaciones que los ejecutivos autonómicos llevan a cabo en materia de revitalización de las comarcas mineras. La Junta desarrolla la Ley de Actuación Minera, que no se centra en la minería del carbón, incluye proyectos para todo tipo de extracciones y se desarrolla en las nueve provincias de la comunidad. Sin embargo, desde el ministerio se advierte del «coste político» que pueden tener las autonomías que rechazen cofinanciar la reactivación de las comarcas afectadas por la reconversión. En el mismo sentido, fuentes sindicales recordaron ayer que las infraestructuras a financiar con los fondos del nuevo Plan del Carbón deberán debatirse y aprobarse en comisiones en las que estarán representadas todas las partes; y que «no sería de recibo» que la Junta plantease como de interés infraestructuras en las que luego no estuviese dispuesta a aportar fondos. El ministro de Industria, José Montilla, respondió ayer en la sesión de Control al Gobierno a una pregunta de la diputada socialista leonesa Rosario Velasco sobre el Plan del Carbón que este proyecto es «en todos sus aspectos mejor que el anterior». Montilla recordó que supone un aumento de la dotación económica, y también que el principio de acuerdo firmado con los sindicatos supone un mayor rigor a la hora de controlar la producción subvencionada y las ayudas; permite la participación de los sindicatos «de manera permanente» en las decisiones relacionadas con el empleo y la reactivación y garantiza la estabilidad del sector a medio plazo. Además, según el ministro, se adecúa al reglamento comunitario y «supone un esfuerto presupuestario notable para impulsar la diversificación económica de las comarcas mineras». «En Castilla y León la inversión por empleo perdido supera en 741.000 euros el Plan del Carbón anterior» JOSÉ MONTILLA, ministro de Industria, Comercio y Turismo