La lucha entre partidos convierte a los menores inmigrantes en un arma arrojadiza

El de los menores es un claro ejemplo de cómo la burocracia y la lucha entre partidos ha agravado la crisis migratoria. Por ley, aque-llos que alcanzan España sin haber cumplido los 18 no pueden ser re-patriados y deben pasar a centros especiales para menores. Como no han cometido ningún delito, en muchas de estas residencias no pueden hacer más que ofrecerles manutención, ropa, un lugar para dormir y una escolarización en muchos casos rechazada. La situación ha provocado que, sólo en Canarias, haya actualmente 70 casos de menores cuya fuga ha sido denunciada. El procedimiento en estas situaciones pocas veces va más allá de la apertura de un expe-diente de búsqueda, ya que el chico suele acabar volviendo al centro para dormir días más tarde. La situación en las islas se ha complicado con motivo de la transferencia de competencias. El Estado no se ocupa de los casos de menores; el Gobierno insular lleva la tutela, es decir, debe hacer un seguimiento del muchacho y tomar las decisiones que corresponderían a un tutor; para los cabildos queda la guardia y custodia, consistente en proporcionar un alojamiento en el que se cubran las necesidades básicas. Cuando, como ocurre ahora, los distintos gobiernos no se entienden, el menor se convierte en arma arrojadiza. Cambio de táctica El cambio de táctica de las mafias hizo que las pateras cambiasen sus puntos de destino y Las Palmas reemplazó a Fuerteventura como final de trayecto de muchos de los viajes en cayuco. Aquí, la situación desbordó cualquier previsión y pronto los menores llegados en patera superaban en mucho las plazas de los centros de acogida. Comenzó entonces el cruce de declaraciones donde las institu-ciones se acusaban entre ellas de ineficacia y que incluso degeneró en denuncias ante los juzgados. El momento de mayor tensión en la disputa llegó con el incen-dio del Aula de la Naturaleza de Tunte, en el sur de Gran Canaria y las sospechas de que fueron los vecinos quienes le prendieron fue-go al saber que se iba a convertir en albergue para chicos. Se habló de xenofobia, pero en la localidad recordaron los incidentes del año 2004, cuando se multiplicaron los robos durante una experiencia similar. La posterior decisión del Cabildo de alojar a varios menores en un gimnasio de la capital mereció fe-roces críticas del Gobierno insular. La respuesta no tardó en llegar y abrió un nuevo frente en esta batalla que parece lejos de cerrarse.