Mauritania acepta la repatriación de 170 inmigrantes de toda África La avalancha que no cesa

«El Gobierno de España estima que la inmigración irregular es un gran problema humanitario, pero quiere que se sepa que el que entre de manera irregular será repatriado, con todas las garantías humanitarias, pero de forma urgente y rápida» M. T. FERNÁNDEZ DE LA VEGA Vicepresidenta del Gobierno «El Gobierno de España estima que la inmigración irregular es un gran problema humanitario, pero quiere que se sepa que el que entre de manera irregular será repatriado, con todas las garantías humanitarias, pero de forma urgente y rápida». Lo adviertió ayer de forma tajante la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta informó que un primer contingente de 170 inmigrantes ya ha sido aceptado por Mauritania, «país con el que hemos llegado a acuerdos para la repatriación inmediata de, por supuesto, los ciudadanos de ese país, pero también acogerán a los senegaleses o los naturales de Mali, así como de terceros países con los que se mantengan protocolos de deportación» A pesar de estos anuncios, la vicepresidenta no encontró buenas caras en su visita. Se encargó de ello el Partido Popular de las islas. «Viene a hacerse la foto con los mismos chicos a los que pusieron en peligro. Es una inmoralidad inaceptable». El Cabildo de Gran Canaria (PP) no hizo precisamente una fiesta para recibir a De la Vega. Las palabras de la consejera de Po-lítica Social, Salud Gil, reflejan que el drama de la inmigración se cimenta sobre un terreno político pantanoso, en el que las víctimas son los cientos de menores que han llegado a Canarias en patera. En medio de este frente abierto hace meses y ahora enconado a raíz del desastre, los distintos cabildos lograron ponerse de acuerdo para exigir dos cosas al Estado. Por un lado pidieron al Gobierno insular (con el que las relaciones en Las Palmas son nulas) que reclame al central la solidaridad de las autonomías peninsulares, y que en ellas se alojen los muchachos para los que no hay sitio en Canarias -ahora mismo sólo hay plazas para 250 de los 302 menores recibidos-. El Gobierno insular (Coalición Canaria) afirmó que ya había decidido por su cuenta formular esta petición a la vicepresidenta y que esperaba una respuesta positiva, pese a que la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ya ha manifestado su oposición. La idea sería derivar a los chicos a centros de la península con superávit de plazas. El proceso sería muy parecido al que ya se lleva a cabo, principalmente a través de oenegés, con los adultos y que ha propiciado el viaje a Galicia de sin papeles que habían alcanzado Canarias a bordo de pateras. El otro llamamiento de los cabildos al Estado es para que recupere una orden del entonces fiscal general, que en el 2003 llamaba a repatriar a los mayores de 16 años, y no sólo a los que superasen los 18. Según Gil, «la llegada de menores se redujo primero a la mitad y luego no vinieron más. Las mafias se dieron cuenta de que ya no funcionaba eso de traer muchachos. Pero, con el nuevo Gobierno, cambió esa orden y ahora estamos desbordados». Fue irse la vicepresidenta y entrar en el puerto de Los Cristianos la embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil que transportaban los 33 subsaharianos que habían rescatado de un cayuco. La Cruz Roja estrenó unos 'kits' de indumentaria con los que vistió a los inmigrantes que además fueron atendidos y reconocidos en una carpa que ya está instalada de forma permanente en el puerto. La Guardia Civil busca ahora un barco que lleva 11 días a la deriva.