La recaudación media supone para la Junta más de tres millones de euros al año

Las sanciones a los transportistas de la provincia de León superan ampliamente a los de los conductores particulares, situándose en torno a los 400 euros para los apercibimientos o multas más leves, hasta 2.000 euros para las graves y con un límite de 6.000 euros (el equivalente a un millón de las desaparecidas pesetas) para las muy graves. La media no suele bajar de los 3.000 euros y el porcentaje de las sanciones sobreseídas o anuladas después de largos papeleos y trámites administrativos tampoco supera el 10%: exactamente 160 denuncias sobre un total de 1.512 durante el pasado año. No hay estadísticas oficiales en la Delegación Territorial de la Junta, pero los cálculos más elementales elevan a no menos de tres millones de la suma anual de las sanciones a los transportistas leoneses (500 millones de pesetas), lo que muchos de ellos incluyen ya resignadamente como un coste más del oficio. Las patronales del sector acuden regularmente a la Subdelegación de la Junta en León para pedir explicaciones sobre lo abultado del número y la cuantía de las sanciones, pero desde allí se limitan a recordarles que es una cuestión de infracciones de tráfico, cuyo papeleo se resuelve automáticamente: hay una multa de equis cuantía para cada caso, y punto. El parque de vehículos pesados o semipesados en León, de más de 3.500 kilos de carga, es de aproximadamente 2.500, según el censo de licencias declaradas en la Cámara de Comercio, a los que hay que añadir un número diez veces mayor de pequeñas furgonetas que no entran en el juego de los controles de la Guardia Civil y la Junta. Ni la Asociciación de Transportistas de la Fele, que agrupa a las grandes y medianas empresas del sector, ni Altradime, que tiene como asociados a la mayoría de los autónomos, creen tan siquiera que las multas a sus afiliados sean de sólo 1.300 al año, sino que, como mínimo, las triplica, siendo posible que muchas se camuflen como simples infracciones al tráfico y no como controles al sector de mercancías. Agapito Suárez, portavoz de la Fele, y Rafael Sotorrío, de Altradime, coinciden a la hora de señalar que las campañas de seguridad víal que les afectan son negociadas exclusavamente entre la Dirección General de Tráfico y la Junta, «sin dar ninguna opción de opinar al sector». Aún danto por buena la estadística sancionadora oficial de la autonomía, que los empresarios consideran maquillada a la baja, el resultado sería que más de la mitad de los camioneros han tenido que pagar durante el último año algún tipo de sanción. Algunos no eran leoneses y sólo estaban de paso, pero sí lo eran la mayoría de ellos. Este porcentaje supone, en todo caso para todos, que gran parte de sus ingresos acaban en manos del fisco a través de la Guardia Civil o de la Junta, como si se tratara de un impuesto o un coste empresarial más, nada despreciable.