Interior mantiene de momento la escolta a los 1.900 amenazados

El Ministerio del Interior mantendrá la protección a las 1.900 personas amenazadas por el terrorismo de ETA pese al alto el fuego de la banda que entró en vigor a las 0.0 horas de ayer. El Gobierno descarta introducir alguna variación en la política de servicio de escoltas, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior. De esos 1.900 escoltados, algo más de un millar residen en el País Vasco y Navarra. Seiscientos amenazados reciben protección directamente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras que el resto corresponde a la Ertzaintza y seguridad privada. Los escoltas privados son financiados por el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco, que ha asegurado también que tras el alto el fuego de ETA «no hay ninguna novedad». Ayer, la gran mayoría de los parlamentarios del PSE-EE y el PP acudieron al debate semanal celebrado en el Parlamento vasco con sus escoltas. Sólo acudió en solitario algún diputado que ya había renunciado a la protección personal en los últimos meses. Pero el ritual volvió a repetirse en el primer día de la tregua, al igual que la presencia de las dos furgonetas de la Brigada Móvil de la Ertzaintza en las inmediaciones del acceso principal al Parlamento, por lo que, al menos en apariencia, el alto el fuego de ETA no ha variado las pautas de seguridad establecidas hasta ahora. El presidente de la Asociación Española de Escoltas -Ases-, Vicente de la Cruz, declaró ayer a Efe que sólo cinco personas han renunciado de momento a sus escoltas en el País Vasco. El secretario de Organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, pidió a los cargos públicos y afiliados de este partidos que no renuncien a esta medida de protección hasta que lo decidan el Ministerio y el departamento vasco de Interior. Según Ares, «algún cargo público» ha comunicado al partido su «voluntad» de renunciar a la escolta, aunque «la mayoría sabe y comparte que no es un problema a tratar sólo desde la decisión individual, sino que deben decidir los responsables de la seguridad». La nueva situación política plantea un futuro laboral incierto para estos profesionales, sobre todo en el caso de los escoltas privados. Algunos de ellos accedieron ayer a hablar con la prensa, y mostraron su esperanza en que el alto el fue-go sea definitivo, aunque ello suponga que tengan que cam-biar de empleo. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sán-chez, declaró que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-guridad del Estado destinados a labores de protección deberían incorporarse paulatinamente a otros menesteres como la segu-ridad ciudadana, aunque no de inmediato.