| Análisis | Una operación esperada |
Veinte en el banquillo
Una veintena de los 32 ediles que ha tenido Marbella en los últimos dos años están procesados. La Junta de Chaves acababa de retirar las competencias de Urbanismo
En Marbella casi nadie se sorprendió ayer de que un juez entrara a saco en el Ayuntamiento, desalojara a los funcionarios y se llevara detenidos a la alcaldesa oficial y al alcalde de facto, el omnipresente Juan Antonio Roca. Lo que mucha gente se pregunta hoy en la capital de la Costa del Sol es por qué el juez tardó en llegar 14 años, el tiempo que llevaban el difunto Gil y su camarilla esquilmando el municipio. La situación de la localidad malagueña es insólita en la democracia española. Veinte de los 32 concejales que han formado parte de la corporación durante el presente mandato han estado o continúan imputados por diversos delitos, y cuatro de ellos ya han sido condenados a prisión, lo que ha motivado el relevo de nueve ediles en los últimos dos años y medio. El actual gobierno municipal esta formado por ocho ex con-cejales del partido de Gil, tres tránsfugas del PSOE y otros tres del Partido Andalucista. La corporación llego al poder en el verano del 2003, escasos meses después de las elecciones municipales, cuando los ex GIL se llevaron por delante a Julián Muñoz para volver a poner al frente de Urbanismo al destituido Roca. Con estos precedentes, y los escándalos judiciales de otros mandatos en el recuerdo, todos los ojos estaban puestos en la localidad costera desde hace cuatro meses, cuando la Junta de Andalucía de Manuel Chaves ordeno la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento. La medida entró en vigor el 12 de diciembre del 2005, primer día de aplicación de la nueva Ley de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma. En el caso marbellí, los informes técnicos habían propuesto la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella por el tiempo máximo que preve la Ley, lo que supone un periodo de cinco años.