El partido podría haber vulnerado el derecho al trabajo de los empleados de la Generalitat
La Fiscalía investiga a ERC por presunto delito de coacción a los trabajadores
Los republicanos aseguran que son víctimas de una «caza de brujas» por no aceptar el Estatut
El secretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell, durante la rueda de prensa que ofreció ayer
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió ayer una investigación para averiguar si existen irregularidades en el envío de cartas de los responsables económicos de ERC a cargos públicos y empleados de la Generalitat, a los que reclama la entrega de un porcentaje de su sueldo a las arcas del partido republicano bajo amenaza de despido si no cumplen con la solicitud. Según la Fiscalía que dirige José María Mena, ERC podría haber incurrido en los presuntos delitos de vulneración de derecho al trabajo, coacción y mobing contra trabajadores de la Administración pública catalana. Además, la investigación determinara también si ERC vulneró la Ley de Protección de Datos. La primera iniciativa del fiscal ha sido solicitar documentación al propio partido republicano, al que reclama, entre otros informes, la lista de las personas que a las que ERC considera cargos de libre designación en la Generalitat y otras administraciones públicas. Financiación legítima y eficaz El episodio ha puesto en un brete al frágil tripartito que gobierna la Generalitat. CCOO y UGT han exigido al consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Joan Carretero, explicaciones sobre las polémicas cartas de ERC. El conjunto de las fuerzas políticas catalanas reclama respuestas y nacionalistas y populares acusan a la formación independentista de extorsionar a trabajadores de la Generalitat. Según denuncias periodísticas, una secretaria de la Consejería de Educación, Teresa Ciuró, fue cesada de su cargo en julio de 2004 por no cumplir con la cuota obligatoria de ERC. El secretario de Organización y Finanzas de ERC, Xavier Vendrell, firmante de las cartas recaudatorias, volvió a atribuir ayer a «intereses políticos» la polémica y aseguró que su partido es víctima de una «caza de brujas» porque no acepta el nuevo estatuto. Vendrell indicó que Ciruó fue cesada por la consejera, la republicana Marta Cid, por «falta de confianza política», ya que tenía vinculaciones con CiU, por lo que calificó de «legal y legítimo» el cese. El dirigente de ERC defendió el sistema de financiación de su partido como «legítimo, eficaz, transparente y útil», y aseguró que se ha gestionado con «eficacia» al margen de «errores por exceso o por defecto».