Urge un pacto anticorrupción

Igual que existe un Pacto Antiterrorista -afortunadamente desempolvado- y también un Pacto por la Justicia, España necesita con urgencia un pacto anticorrupción. El mapa de los casos conocidos -imagínense los no detectados- es escalofriante y Marbella, su capital. Lo denunciamos aquí hace casi tres años bajo el título En España hay mil Marbellas , crónica que incomodó especialmente a un presidente de equipo de fútbol de Primera División al verse retratado en el texto y al entender que Jesús Gil y sus negocios eran caso aparte. Pero no es así: es un asunto viejo que no permite más aplazamientos. Ahora mismo hay diligencias abiertas por presuntas irregularidades en Orihuela, donde el alcalde se pasea con un rolls royce prestado por un generoso constructor que le cede también su chalet, en Telde (Gran Canaria) con concejales y funcionarios detenidos, en Murcia, en Lorca, en Badajoz, en Alicante y una larga lista que termina en Oviedo, denominada por la oposición la Marbella del Norte , por lo que quedaría disponible para Bayona el sobrenombre de la Marbella del Atlántico. Ya duermen en prisión la alcaldesa Marisol Yagüe, y el que movía los hilos del ayuntamiento marbellí, el asesor urbanístico Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, por no poder demostrar el origen de su extraordinario patrimonio. La primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, ex socialista, asegura que el dinero extra que se le ha encontrado procede de una herencia y de regalos de boda Y la investigación sigue abierta. De momento el consistorio ha quedado en manos del segundo teniente de alcalde, conocido como El Rompepiernas . Afortunadamente no se ganó el apodo en actividades mafiosas sino en los campos de fútbol. Parece claro que España está afectada por un virus difícil de erradicar ante el que los políticos no pueden permanecer insensibles mientras se expande la injusta afirmación de que «todos son iguales». No es cierto. Fraga se ha jubilado con apuros económicos mientras algunos de sus conselleiros son multimillonarios, muy especialmente dos. Felipe González, que acaba de casar a su hija María con discreción, bien lejos de la boda en El Escorial de la infanta Ana (Aznar), mejora su renta de jubilación dando conferencias pero dos de sus colaboradores, Luis Roldán y el presidente navarro Gabriel Urralburu, fueron condenados por enriquecerse con comisiones ilegales. Y los ejemplos son múltiples. La impunidad con la que mueve el dinero en Marbella es alarmante. En tiempos de Mayor Oreja en Interior ya se reforzó la Brigada Anticorrupción en Málaga, sobre todo a partir de las denuncias del diputado comunista Antonio Romero que llegó a equiparar la Costa del Sol con Sicilia y denunció la presencia de mafias internacionales. Pero durante el reinado Gil, la mancha se extendió. Su partido ganó las alcaldías de Estepona y La Línea, entre otras de menor cuantía, y llegó a soñar con presentarse a la Presidencia del Gobierno. Una tentativa fracasada en las autonómicas andaluzas lo desaconsejó. En aquellos años, Manuel Lopera, presidente del Betis, preparó su candidatura a la alcaldía de Sevilla aunque no llegó a formalizarse. Mientras, Horacio Gómez acudió como número dos del PP al Ayuntamiento de Vigo. En Santander también hubo mezcla entre alcaldía y presidencia de club de fútbol y en Jerez fugazmente, entre otros ejemplos. La coincidencia entre directivos del fútbol y próceres municipales tiene alguna explicación racional además de los intereses urbanísticos. Es en el fútbol donde la tolerancia hacia las irregularidades jurídicas y económicas es más alta, donde Hacienda y la Seguridad Social son condescendientes mientras se muestran implacables en otros ámbitos, y es ante el fútbol donde los políticos suelen doblegarse porque temen la repercusión electoral. El próximo martes la Junta de Andalucía decidirá si nombra una gestora o disuelve la Corporación municipal de Marbella. Un director general de la Presidencia del Gobierno andaluz ha adelantado que disolver la Corporación es un trámite demasiado largo y muy difícil -hay cuatro niveles de decisión- y estamos a un año de las elecciones. Cuando se le pregunta por qué la Junta no intervino antes, recuerda que ha hecho lo que estaba en su mano: acudir más de cuatrocientas veces a los tribunales desde que Gil gobernaba y suspender los planes urbanísticos de la ciudad. «El drama -declara- es que hay cientos de personas que han comprado de buena fe una vivienda que tenía licencia municipal pero concedida sobre un plan anulado. Las indemnizaciones, pueden ser astronómicas. Y añade: «Para hacer más, necesitábamos aprobar una ley en el Parlamento andaluz pero el PP siempre se ha opuesto, no porque le parezca bien lo de Marbella, sino porque se opone a todo por norma». Ahora los grandes partidos parecen haberse conjurado para presentar candidatos de nivel en Marbella. Chaves enviará allí a Paulino Plata, ex alcalde de Antequera y eficaz consejero de Agricultura primero y de Turismo ahora. Su entorno personal lo ha confirmado. Arenas quiere que Ángeles Muñoz, una persona próxima y de nivel, sea la candidata popular. IU piensa en el propio Antonio Romero. Pero no basta con eso. La situación del mapa de la corrupción municipal en España exige un esfuerzo mayor de los partidos: un auténtico pacto para combatirla y una renovación a fondo de las candidaturas en mayo del 2007.