Alonso dirigirá los servicios secretos, vitales para verificar el alto el fuego

Es amigo de la infancia de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora, tras su paso por la cartera de Interior, dirigirá el Ministerio de Defensa en un momento en el que la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es clave para verificar el alto el fuego de ETA. Nadie en el Gobierno duda que la designación de José Antonio Alonso Suárez, de 46 años, quizá el ministro más cercano al presidente, tiene mucho que ver con la nueva etapa abierta tras el anuncio de la banda terrorista y con el interés del jefe del Ejecutivo por tener personas de su absoluta confianza en los puestos claves. Su perfil de «ministro discreto», como le llaman sus colaboradores, sin duda le ayudará en un momento en el que la prudencia vale su peso en oro. Alonso, que se convierte en el primer juez al frente del Ministerio de Defensa, formará tándem con su confidente y amigo Alfredo Pérez-Rubalcaba. Los dos hombres de Rodríguez Zapatero controlarán las tres principales fuentes de información del Estado sobre ETA: el CNI, la Comisaría General de Información de la Policía y la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Dicen los mandos de la Policía y la Guardia Civil que en los 23 meses que Alonso ha estado al frente de Interior ha aprendido muchas de las claves de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil y ahora tendrá la oportunidad de transmitir esas mejoras a unos servicios secretos tantas veces cuestionados por su aparente falta de resultados. José Antonio Alonso abandona Interior con casi todos los deberes hechos, con una cartera llena de reformas y con el privilegio de haberse convertido en el primer ministro del Interior de la democracia que no ha tenido que acudir a un solo funeral por un asesinato terrorista. Magistrado en excedencia y ex portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, ha ganado enteros a ojos de todos en estos dos años. Y no sólo porque las fuerzas de Seguridad bajo su mando han golpeado a ETA hasta llevarle a uno de los peores momentos de su historia, sino por haber encarado sin titubeos las modificaciones necesarias para mejorar la lucha contra Al Qaeda, una labor muy delicada tras las importantes deficiencias detectadas tras los atentados del 11-M. Alonso fue el encargado de cumplir en tiempo récord la promesa del presidente de crear un Mando Unificado y un Centro Nacional de Antiterrorista para evitar nuevos capítulos de descoordinación policial. En su haber político consta también la puesta en marcha de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, el haber logrado formar contrarreloj a 600 nuevos policías y guardias civiles expertos en la lucha contra las redes islámicas y dejar todo preparado para que al final de la legislatura haya más de 1.000 funcionarios dedicados a perseguir el escurridizo entramado del yihadismo. Dicen que su persistencia fue la clave para obtener del Ministerio de Economía los 18,5 millones de euros que en el 2006 se invertirán en mejorar los medios de la lucha contra Al Qaeda y que ese mismo tesón también ha sido su arma para convencer a los grandes países europeos del G-6 de que la batalla al islamismo radical pasa por la cooperación internacional. La potenciación del espionaje de Defensa, con un nivel de captación de información antiterrorista mucho menor que el de las Fuerzas de Seguridad, será su mayor reto, ya que las grandes reformas de Defensa, como la Ley de Defensa Nacional o la Ley de Tropa y Marinería, han salido delante con Bono.