El?Gobierno?disuelve?el consistorio de Marbella por su corrupción Julián Muñoz y el actual alcalde, ante el juez Los 25 nuevos fiscales en lucha

El Ayuntamiento de Marbella dejó ayer de existir. El Consejo de Ministros, por primera vez en la historia de la democracia, disolvió un consistorio elegido en las urnas. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la decisión tras constatar las «gravísimas imputaciones judiciales» que han llevado a la cárcel a la alcaldesa, a la teniente de alcalde y a un concejal del ayuntamiento marbellí, acusados de pertenecer a la trama de corrupción urbanística que defraudó más de 2.400 millones de euros y que ha sido desenmascarada en la operación Malaya. De la Vega subrayó que el Ejecutivo ha disuelto el consistorio siguiendo todos los trámites preceptivos, tras la propuesta de la Junta de Andalucía, después de recibir la petición del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local y una vez en su poder el informe del Consejo de Estado que confirmaba la imposibilidad de anticipar las elecciones en Marbella a poco mas de un año de la celebración de los comicios municipales en toda España. Hasta que no se nombre la comisión gestora, el municipio costasoleño seguirá en manos de los actuales responsables consistoriales con el segundo teniente de alcalde, el ex futbolista Tomas Reñones, como primer edil en funciones. La corporación sólo se podrá ocupar de la gestión ordinaria sin poder adoptar acuerdos que requieran una mayoría cualificada. La Diputación de Málaga, gobernada por el PSOE, será la encargada de nombrar los miembros de la comisión que regirá los destinos de Marbella hasta las elecciones municipales de mayo del 2007. Sólo podrán ser personas empadronadas en el pueblo, con «suficiente arraigo» en el municipio y que no hayan sido concejales en la última legislatura. El Ejecutivo espera poder pactar con el PP la composición esa institución, aunque el PP-Andalucía ya ha advertido que no participará en una comisión «sin garantías de neutralidad política». De la Vega aseguró que el primer objetivo de la comisión gestora tiene que ser «devolver la dignidad» al municipio y «ponerse al servicio exclusivo de los ciudadanos». Reconoció que la trama de corrupción marbellí ha «erosionado» los poderes públicos pero estos delitos no deben hacer pensar a la ciudadanía que «lo que allí ha sucedió es generalizado, sino que es excepcional». «El Estado de Derecho funciona para evitar casos como éste y castigarlos», señaló. El actual alcalde en funciones del Ayuntamiento de Marbella, Tomás Reñones, y Julián Muñoz, ex primer edil del municipio y más conocido ahora por ser novio de la tonadillera Isabel Pantoja, declararon ayer como imputados en un delito urbanístico, en el caso Holanducía. por dar presuntamente licencia para construir 40 viviendas en suelo no urbanizable, según lo establecido en el Plan General del Ordenación Urbanística vigente de 1986 en la zona de Nueva Andalucía. Es uno de los cientos de casos que se instruyen contra concejales o ex concejales del ayuntamineto marbellí. En la foto, el actual alcalde llega a los juzgados. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la creación de 25 nuevas plazas de fiscales especializados para combatir las tramas de corrupción y los desmanes urbanísticos y contra el medio ambiente. Según informó la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, dos de los nuevos funcionarios irán destinados a apoyo al nuevo fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo, Antonio Vercher;,17 para los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas especializados en estos delitos y seis más para actuar como delegados de la Fiscalía especial anticorrupción. Estas plazas entrarán en funcionamiento en junio. La creación de estas plazas de fiscales responde a la decisión del Gobierno socialista de «luchar contra episodios como el recientemente ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella». «Los casos de corrupción implican la desviación de los fines de la actividad pública para beneficio particular y atentan contra los principios sobre los que se sustenta la convivencia democrática», según Justicia.