Condiciones teóricas para exponer, que casi nunca se cumplen

La Junta promulgó en el 2000 una Ley de Museos de Castilla y León que ha quedado en papel mojado, salvo para unos pocos centros ubicados en capitales de provincia o en cabeceras de comarca muy caracterizadas. De acuerdo con aquella normativa para abrir un museo y preservar «la ingente riqueza de los bienes integrantes del patrimonio de la comunidad autónoma» era necesario un reconocimiento oficial como tales con «inmuebles adecuados, colecciones suficientes, fondos accesibles a la investigación, divulgación y disfrute público, inventario de fondos, horario estable de visitas, mantenimiento a cargo de personal cualificado, etcétera, todo ello tutalado por permanentes inspecciones de la Consejería de Cultura». Sin embargo, según se reconoce desde la Delegación Territorial de León, no hay constancia de que se cumplan ni siquiera la mitad de estas condiciones, empezando porque no existe un registro oficial de museos rurales, sino sólo un listado oficioso. En cuanto a inspecciones tampoco consta que se haya impuesto ninguna sanción por fraudes o negligencia en la custodia de fondos. Por no haber a veces no hay ni quien los enseñe: las llaves las tiene el alcalde o el vecino de al lado.