Que no se inquiete la monarquía

Que el mes de abril se extinga no es garantía en absoluto de que aminoren las celebraciones históricas ensalzando el régimen de la II República proclamado popularmente en 1931. Es el 2006 un año muy especial: se han cumplido 75 años de la proclamación de la República -el 14 de abril- y se cumplirán 70 años del inicio de la Guerra Civil, el día 18 de Julio. Tales coincidencias y un afán de revisión de la historia han llenado España de conferencias, congresos y coloquios con más asistencia de público de la prevista. Ese clima y la proposición de ley aprobada el jueves en el Congreso reivindicando la II República como «el primer régimen realmente democrático de España», han alarmado a algunos sectores políticos. La vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega ha aclarado que «esta iniciativa -que declara además el 2006 como el año de la Memoria Histórica- no está condicionando el sistema de monarquía parlamentaria constitucional que tenemos vigente y que es aceptado mayoritariamente por todos los ciudadanos». Es decir, que la monarquía no se cuestiona por reconocer la II República. La monarquía, viene a decir el Gobierno, no debe inquietarse. De hecho, el presidente Zapatero, aunque no suele hablar de la monarquía, en una entrevista publicada por ABC el pasado mes de febrero, sostenía que «la monarquía es una de las cosas más consolidadas, más sólidas y más útiles para la convivencia como país y para la proyección de España, de manera singular por la impronta que le ha dado el rey Juan Carlos». No hay motivo para la inquietud, por tanto, o no demasiada, quizás podría interpretarse. De hecho no debería inquietarse demasiado nadie por el afán de revisar la historia porque no se ha detectado que exista un espíritu de revancha en la mayoría de las iniciativas que se conocen. Incluso la de mayor calado, la que propone la Asociación para la Memoria Histórica y Democrática, (Adesme), es presentada por sus promotores como un intento de «cerrar heridas y no de abrirlas». Atención a esta propuesta porque no consiste en una revisión nostálgica, o romántica, de tiempos pasados. Sostenida jurídicamente por un brillante trabajo del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, hombre especialmente firme y riguroso, plantea una especie de enmienda a la totalidad al régimen franquista a partir de sus orígenes ilegales por haber vulnerado la legalidad vigente en 1936. Como ilustración especial, Villarejo destaca que el ponente que actuó en el consejo de guerra que condenó a pena de muerte a Julián Grimau no tenía la condición jurídica imprescindible para esa función. Denuncia que, además, actuó en otros 2.000 consejos de guerra y advierte de que el mismo ponente terminó procesado. Esta circunstancia fue la base de un recurso de la viuda de Grimau ante el Tribunal Supremo que fue desestimado pero que abre una vía nueva de actuación a miles de familias que perdieron familiares en los años posteriores a la guerra o fueron expropiadas en su bienes por tribunales formados por militares mezclados en numerosas ocasiones con falangistas y con algunos jueces o fiscales que, en opinión de Villarejo, «se avinieron a participar en aquella mescolanza sin rigor jurídico alguno». «Aquí no se está planteando abrir ninguna herida sino el derecho a que se cierren las existentes», señala el ex diputado Miguel Núñez, presidente de Adesme. Núñez, militante del PCE durante la dictadura pasó dieciocho años en la cárcel y recuerda que, cuando estaba detenido en Barcelona, donde fue brutalmente torturado, pudo dialogar con Antonio Carro Martinez, entonces alto cargo en la Dirección General de Seguridad. «Carro llevaba, en 1958, un libro sobre la Nueva Europa, y se planteaba ya entonces el futuro del régimen al que servía. Veinte años después, ambos éramos diputados y conversamos con frecuencia. De hecho es el único que me escribió al no ser reelegido y me decía que es una pena que personas como yo nos estuviéramos en el Parlamento».