Más derechos sociales y más competencias para la «realidad nacional»

El reconocimiento de nuevos derechos y deberes sociales es una de las novedades más destacadas del nuevo estatuto de autonomía de Andalucía aprobado ayer por el Parlamento andaluz que defiende la asunción de nuevas competencias estatales -cuenca hidrógráfica del Guadalquivir incluida- y el blindaje para impedir la injerencia de las leyes estatales. El Estatuto de Autonomía de Andalucía tendrá 244 artículos, once títulos y cinco disposiciones adicionales. El punto más controvertido, sin duda, ha sido la fórmula elegida para la definición de la región en el preámbulo, «la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad histórica». Una redacción que rechaza el Partido Andalucísta (exigía «nación») y PP (que reclamaban nacionalidad histórica y pedían además la referencia a la «unidad indisoluble de España»). El texto incorpora nuevos derechos sociales, de forma que los ciudadanos podrán recurrir a la Justicia los incumplimientos del Estatuto. Se reconoce la modalidad lingüística andaluza, la regulación por ley de una carta de derechos de los ciudadanos, la ampliación de la paridad a los órganos colegiados o consultivos de la Junta, el derecho a la muerte digna y a la libertad sexual. En materia de competencias, se clasifican en exclusivas; compartidas; ejecutivas; en relación a la aplicación del derecho comunitario y transferidas o delegadas por el Estado e incorpora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como competencia exclusiva.