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Publicado por
Paula de las Heras - madrid
León

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El futuro del Estatut es ya cosa de Cataluña. El Senado aprobó el texto que salió del Congreso el pasado 30 de marzo. Fue un pleno de mero trámite que no deparó sorpresa alguna. Lo relevante esta vez estaba fuera del hemiciclo, en los pasillos de la cámara alta. En ellos se concentró durante buena parte de la tarde la plana mayor de la vida política catalana con una pregunta en mente: ¿qué hará Pasqual Maragall para resolver la crisis generada en el Gobierno por el «no» de Esquerra Republicana al proyecto? El presidente de la Generalitat se reúne hoy con sus socios del tripartito, Josep Luis Carod-Rovira y Joan Saura, y por la tarde a Artur Mas, y está previsto que tras el encuentro anuncie la convocatoria del referéndum para el próximo 18 de junio y el adelanto de las elecciones para el próximo otoño. El tramo final de la tramitación del estatuto no será ya, en cualquier caso, un camino de rosas. Su último debate en las Cortes -que contó, ahora sí, con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero- mantuvo durante unas horas la ficción de una unidad inexistente entre las fuerzas catalanas. Todos contra un enemigo común: el Partido Popular. ERC cumplió su promesa y facilitó la aprobación del texto con la abstención de sus cuatro senadores. «La aritmética de esta cámara da para muchas posibilidades diabólicas; pero basta de tácticas y confusiones. Ahora toca que el pueblo catalán se pronuncie», justificó su portavoz, Carles Bonet. Lo que decida ese pueblo, sin embargo, es harina de otro costal. Imprevisible Ni una sola formación se atreve a determinar cuáles serán exactamente las repercusiones que tendrá en la actitud de los independentistas en los ciudadanos. En el PSC prefieren pensar que su «no» servirá de revulsivo a un electorado hasta ahora pasivo, que se movilizará a favor del proyecto. En CiU advierten de que si Maragall no echa del Ejecutivo a los republicanos, muchos de sus electores se sentirán engañados y votarán «no» a modo de castigo. Y ERC avisa de que su expulsión sólo serviría para exacerbar los ánimos de sus simpatizantes y reforzarles electoralmente. Con todo, a quien le corresponde decidir cómo afrontar el problema es al propio presidente de la Generalitat, al que unos y otros tachan de «imprevisible». En Esquerra, en cambio, confían en poder pactar una solución «cómoda para todos». Pero de esa solución excluyen su salida del Gobierno. Se trataría, pues, de acordar simplemente el calendario electoral. «Nosotros -dicen- no nos queremos ir y si nos echan pondrán en peligro futuros acuerdos». La amenaza, que implicaría la imposibilidad de reeditar una coalición de izquierdas (PSC, ERC, ICV), se hace no obstante con la boca pequeña. «Tras unas elecciones, admiten todo es posible».

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