También había 60 millones invertidos en bolsa para devolver parte de los fondos a los clientes
La Audiencia interviene 250 millones de Fórum en varios bancos de Suiza
La deuda de las dos firmas con Hacienda puede alcanzar los 1.800 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ordenó ayer miércoles la intervención preventiva de 250 millones de euros depositados en cuentas bancarias abiertas por Fórum Filatélico, dentro de la oficina que la Unión de Bancos Suizos (UBS) tiene en Madrid, según informaron fuentes financieras. Una vez comprobado el origen de estos fondos, el instructor del caso decidirá si procede a su embargo cautelar o los deja a disposición de la citada empresa para que, una vez pase a ser controlada en los próximos días por un administrador judicial, haga uso de ella. Este dinero, llegado el caso, se podría unir a los 60 millones de euros que el Fórum tiene invertidos en la Bolsa -a través de pequeñas participaciones, inferiores al 1% en la mayoría de los casos, en distintas empresas-, de cara a proceder a una devolución parcial de los fondos que tienen invertidos sus 250.000 clientes. Otra cosa distinta son el efectivo y bienes incautados a otros imputados en la causa, como el proveedor único de sellos para Afinsa, Francisco Guijarro, en cuyo domicilio se hallaron distintas cantidades por una cuantía cercana a los 10 millones de euros, además de cinco coches de lujo y varias cuadros presumiblemente de gran valor. Su destino final no se decidirá hasta que se produzca una sentencia firme, tras el juicio correspondiente. Investigación fiscal Hacienda reclama a Fórum Filatélico y Afinsa una deuda fiscal cuantificada en, al menos, unos 1.800 millones de euros, correspondientes a sus últimos ejercicios contables. De hecho, fue la investigación de la Agencia Tributaria la que puso a la Fiscalía Anticorrupción tras la pista de ambas sociedades, tras descubrir distintas irregularidades en sus declaraciones de impuestos (tanto en sociedades como el IVA, y en las retenciones del IRPF a sus empleados) entre los años 1998 y 2001. A raíz de esas obligaciones pendientes con el fisco, los inspectores extendieron sus pesquisas al resto de años no prescritos, es decir, desde 2002 hasta la actualidad. No obstante, en julio de 2005 ya se presentó un primer informe ante el órgano anticorrupción, que ha sido el principal soporte para las querellas presentadas hace apenas dos semanas contra sus respectivos administradores.