La muerte viajó por la N-VI Los afectados de León reclaman los intereses por la demora en el pago

Casi dos décadas tuvieron que pasar para que el síndrome tóxico apareciera en los libros de Medicina. Ahora se estudia en Epidemiología y un mapa revela el drama, la última catástrofe sanitaria del siglo XX. Siguiendo el curso de la Nacional VI, la ruta usada por los aceiteros para la venta ambulante, un reguero de cruces va marcando las localidades con afectados. En León, tierra de Campos y Bierzo son las principales comarcas afectadas, pero en las bifurcaciones aparecen rastros de estas furgonetas malditas. La secuencia de las localidades afectadas no es lineal ya que los aceiteros se repartían los núcleos de población en que paraban. La intoxicación se circunscribió así a entidades locales de León, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla, con una incidencia especialmente alta en Palencia, Segovia, Madrid y León, las provincias más afectadas con más de 200 casos por cada cien mil habitantes. Neumonía atípica La muerte llegó a León el 15 de mayo, apenas dos semanas después de detectado el primer caso en Torrejón. Una joven madre de Méizara ingresa en el Hospital de León con dos de sus tres hijos, un bebé de 22 meses, José Manuel García Rubio, y un niño de diez años. El primero fallecería unas horas después convirtiéndose oficialmente en el primer muerto en León por «neumonía atípica». En las horas previas y posteriores aparecen en el Hospital Virgen Blanca varios enfermos con síntomas de cansancio, problemas respiratorios y ausencia de fiebre. Procedían de Méizara y Gordaliza del Pino. (En los días previos al 15 de mayo fallecieron tres personas con los mismos síntomas sin que en dos de los casos se pudieran confirmar la vinculación con el síndrome tóxico). Se producen numerosos brotes aislados por toda la provincia que obligan a habilitar y aislar la décima planta de la, entonces, residencia Virgen Blanca. En días se llena lo que obliga a cerrar la planta duodécima del edificio Princesa Sofía y una planta en el Hospital Camino de Santiago de Ponferrada para estos enfermos. Los hospitales desbordados obligaron a recurrir, también, al Hospital Monte San Isidro. La patología respiratoria cedía en apenas 24 horas con corticoides pero tras el alta hospitalaria los enfermos regresaban en apenas tres días con los mismos síntomas. Se empieza a hablar de las aves de corral y de las fresas como vía de transmisión de la enfermedad hasta que, apenas mes y medio después del primer caso, en Madrid se aventura la posibilidad de que el aceite de colza vendido a granel sea el causante de la intoxicación. Dos años después de detectada la intoxicación y el agente causante, ya han fallecido en León 33 personas y el número de afectados alcanza la cifra de 1.050, aún restan enfermos ingresados en los centros sanitarios. Hoy, han fallecido más de 160 personas, más de quinientos enfermos tienen incapacidad, ocho de ellos una gran invalidez, y el resto han sufrido incapacidad temporal más o menos extensa. Los afectados del síndrome tóxico de León estudian plantear una reclamación por los intereses de demora en el pago de las indemnizaciones judiciales. En concreto, piden recuperar, al menos, la subida del IPC desde que se dictó la sentencia hasta el momento en que se hizo el efectivo el pago de las indemnizaciones, un periodo que en algunos casos llegó a siete u ocho años. Esta reclamación, ante el Tribunal Supremo, se produce una vez que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo negó al derecho a la pérdida patrimonial desde la primera sentencia. El tribunal internacional estimó, para su negativa, que en este primer fallo judicial, de 1989 y correspondiente al juicio de los aceiteros, el Estado no fue considerado responsable civil subsidiario y, por lo tanto, no cabe reclamación. El letrado Luis Alberto Díaz Suárez, que lleva más de ochocientos expedientes de enfermos leoneses, indica que la reclamación corresponde a la depreciación del valor de un dinero pagado muy tarde. Desde que el Estado es considerado responsable a partir de Sentencia del Tribunal Supremo de Septiembre de 1997. Como quiera que las indemnizaciones fueron pagadas entre los años 2000 y 2006, ello es la razón de tener que presentar ahora las reclamaciones del IPC del dinero pagado tardíamente. La cuantía de esta pérdida patrimonial supondría sumar entre un 10 y un 12% a la cuantía de las indemnizaciones, según las estimacioens de los letrados. 5 gobiernos y 0 soluciones «Han pasado cinco gobiernos, de centro, derecha e izquierda, y ninguno ha resuelto las consecuencias ocasionadas por este envenenamiento tóxico y masivo. Prueba de ello es que 25.000 enfermos, ellos o sus herederos, continúan aún demandado sus derechos ante la Administración o los tribunales», destaca el letrado leonés.