Un juez ordena detener a un alto cargo de la Diputación de Lugo por corrupción

La policía arrestó ayer en Lugo a nueve personas a las que acusa de un presunto fraude en la adjudicación de obras por parte de la Diputación luguesa, gobernada por el PP. Los arrestados son dos funcionarios de la Diputación y otras siete personas vinculadas a la consultoría de ingeniería Senén Prieto (relacionada con la esposa del detenido), que según los investigadores habría podido beneficiarse de adjudicaciones ilegales. La policía registró a lo largo del día las dependencias del organismo provincial y varias compañías de ingeniería y arquitectura. El fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, se presentó a primera hora de la mañana en el Pazo de San Mauro, que alberga la Diputación, y le entregó a su presidente, Francisco Cacharro Pardo, la autorización judicial para efectuar el registro. Las actuaciones son fruto de una denuncia pública del grupo socialista, que alertó de comportamientos irregulares en las adjudicaciones de obras públicas. Finalizada la búsqueda en las dependencias oficiales, la policía inspeccionó varias consultorías y asesorías de ingeniería y arquitectura en la ciudad de Lugo. El fiscal jefe también dirigió el registro en las dependencias de la empresa Senén Prieto, que duró varias horas, donde los agentes detuvieron a una persona. Unas horas antes, otras ocho personas habían sido detenidas en sus domicilios por su presunta relación con este caso. Entre los arrestados se encuentran el jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo, Alberto Fernández Pereira, cuyo despacho fue precintado por la policía, y el ex funcionario José Manuel Romay López, que está jubilado. El resto de los detenidos son trabajadores del gabinete asesor de la firma Senén Prieto, al que, según fuentes de la investigación, la Diputación encargaba el 90 por ciento de las consultorías técnicas de sus obras. Tensión Durante el desarrollo del operativo policial hubo momentos de tensión, sobre todo cuando los investigadores sacaron esposado a uno de los funcionarios de la sede de las dependencias provinciales. La actuación de los agentes provocó quejas del presidente del comité de empresa, José Domínguez, que consideró «muy grave» la forma en que la policía llevó a cabo los registros y arrestos en la sede. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Cacharro, rechazó hacer declaraciones sobre lo sucedido. Por su parte, el fiscal jefe confirmó que la operación continúa abierta y no descartó que, tras examinar la abundate documentación intervenida, se produzcan nuevas detenciones. El PP y el resto de los partidos El Partido Popular de Galicia emitió un escueto comunicado, en el que expresó su confianza en «el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial». Los populares consideraron su «no pronunciarse» sobre la detención de funcionarios públicos. El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Lugo, Manuel Martínez, dijo ayer que no le sorprende «nada» la operación policial y recordó que su grupo ha formulado «reiteradas denuncias» sobre «ilegalidades e irregularidades». El coordinador ejecutivo del BNG, Francisco Jorquera, emplazó al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a que «depure las responsabilidades políticas» que se deriven de la intervención policial en la Diputación de Lugo. Para Jorquera, «existen muchos interrogantes sobre los móviles y la lógica que subyace detrás de la trama que está investigando el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo». El presidente de la Diputación de Lugo, el popular Francisco Cacharro, acusó al PSOE de «informar igual» que el fiscal sobre la operación. «Sobre este tema no les voy a hablar. Pregunten al fiscal o en la oficina del PSOE, que les informan por igual...», concluyó Cacharro.