Rosaleda de hormigón ¿Acusación política o denunciable?

El barrio de La Rosaleda de Ponferrada nació de la modificación urbanística del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contemplaba el aumento de la edificabilidad en una parcela -el conocido PAU1- de algo más de 700.000 metros cuadrados en el entorno del centro neurálgico de la ciudad. El Ayuntamiento de Ponferrada compró los terrenos a Caja España a través de un crédito de algo más de 25 millones de euros. En el año 2002, a través de la sociedad municipal del suelo Pongesur, vendió la mayoría de la parcelas a promotores privados en un conjunto de operaciones que movió alrededor de cien millones de euros. Aumento de edificabilidad La modificación del aumento de la edificabilidad por parte del equipo de gobierno del PP para construir hasta cerca de 5.000 viviendas en un periodo de 15 años fue recurrido judicialmente por la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo. El 9 de noviembre de 2005, el Tribunal Superior de Justifica de Castilla y León dictó sentencia favorable a las tesis de la federación vecinal. El fallo obligaba al Ayuntamiento de Ponferrada a compensar con más suelo destinado a equipamiento el incremento del volumen edificatorio en La Rosaleda. El Ayuntamiento interpuso un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido. La sentencia del TSJ no afectaría a las viviendas que ya estaban levantadas en esa zona. Sin embargo, el Ejecutivo que encabeza Carlos López Riesco, alegando que no hay una sentencia firme, ya ha autorizado en lo que va de año algo más de 200 pisos en esa zona de la ciudad. La fiscalía de Marbella abrió una investigación después de que el fallecido Jesús Gil y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se acusasen mutuamente en un programa de televisión de prevaricar durante su gestión al frente del ayuntamiento marbellí. En marzo de este mismo año, la concejala de Urbanismo de León, María José Alonso, del PP, equiparó la labor del PSOE durante su año y medio de gobierno en el Ayuntamiento de la capital con lo sucedido en Marbella. Dijo así: «Esto es igual que en Marbella, y no me refiero a las playas, sino a los delitos urbanísticos». La edil añadió varias acusaciones, como que la Lastra fue vendida muy por debajo del precio de mercado. Sin hechos concretos El fiscal Javier Gutiérrez entiende que, a diferencia de lo que ocurrió con Gil y Muñoz, la concejala «no ha acusado de hechos concretos a personas concretas», como en el caso anterior. Añadió que, además, la Fiscalía no puede convertirse «en un instrumento» político para judicializar todo lo que se dice en un ambiente que, hay que recordarlo, es muy dado a este tipo de acusaciones que en otro ámbito probablemente ya formarían parte de un caso judicial.