Los contribuyentes deben más de 100 millones de euros a los ayuntamientos

«Salvo que haya errores catastrales o del censo, la gente termina pagando, aunque sea en el último momento» AUGUSTO HERREROS , vicetesorero de la Oficina Provincial de Recaudación La deuda de los leoneses en impuestos impagados a sus ayuntamientos supera ampliamente los 100 millones de euros, según estadísticas de la Diputación, cuyos servicios recaudatorios acumulan recibos pendientes por valor de más de 50 millones en los pequeños municipios de la provincia. Teniendo en cuenta que los cinco grandes ayuntamientos que gestionan sus propios impagos -León capital, Ponferrada, San Andrés del Rabanero, Villaquilambre y Bembibre- suman entre todos no menos de un cuarto de millón de habitantes, aproximadamente la mitad del censo provincial de población, la suma de las deudas de los contribuyentes no es inferior a 17.000 millones de las viejas pesetas, traducidas en números redondos de los nuevos euros. La morosidad de los contribuyentes en el pago de tributos municipales es una plaga que afecta igual a los ayuntamientos urbanos que a los rurales, según el vicetesorero de los servicios recaudatorios de la Diputación, Augusto Herrero, sin más diferencia que las valoraciones catastrales, de modo que la deuda viva se dispara en los primeros: «población por población es casi seguro que ellos gestionan mucho más que nosotros en términos absolutos, aunque los índices de morosidad puedan ser parecidos»: Contribuciones Por clases de impuestos la mayor morosidad corresponde al de bienes inmuebles (IBI), con aproximadamente un 60% del todal de la deuda, que en las ciudadades y cabeceras de comarca corresponde en su inmensa mayoría a viviendas y en los pueblos se reparte, casi mitad por mitad, con las fincas rústicas. Según los técnicos de recaudación, aproximadamente el impuesto de vehículos supone otro 18% y el IAE un 5% más. El escaso margen restante se subdivide en pequeñas partidas o tasas especiales para mantenimiento de servicios o realizar obras muy puntuales. En total sólo los cobros gestionados por la Diputación suman 1,2 millones de recibos (una media de tres por habitante, incluido el censo de población infantil). Los pequeños municipios de los alfoces de León y Ponferrada, descontadas ambas ciudades, sumen ahora mismo más de la mitad de la deuda que tiene pendiente de cobro la Diputación, con 15,7 y 14,7 millones de euros, respectivamente, seguidos muy de lejos por los partidos judiciales de Astorga y La Bañeza, incluídas las cabeceras de comarca, con algo más de siete millones de euros cada uno, y los de Cistierna y Sahagún, que ni siquiera llegan a la mitad de estos últimos. El porcentaje final de impagos se mantiene prácticamente invariable desde que la Diputación creó el servicio para atender a los pequeños municipios, de modo que los recibos que acaban sin hacerse efectivos apenas llegan a uno de cada diez. En los últimos cinco años esta proporción apenas ha variado, salvo pequeñas oscilaciones anuales de uno o dos puntos que tienen más que ver con errores en el censo o en las valoraciones del catastro que con el ánimo defraudador de los contribuyentes. Por lo demás, las tarifas que cobra la Diputación a los pequeños municipios rurales por gestionarles los impuestos atrasados son de las más baratas que se ofertan en el mercado, incluídas las empresas privadas: se empezó con un 7% de «premio de cobranza inicial», que luego se ha bajado a una horquilla entre el 2,8% y el 3,5%, dependiendo del volumen de recibos que se gestionen. La rebaja está en función de los costes de tramitación, proporcionalmente más elevados para los municipios menores, a su vez situados en áreas alejadas donde el recaudador tiene más problemas, tanto en llegar como en verificar las cuentas y censos.