El Gobierno habla catalán

Sí hay cambio de socios. El PSOE someterá a votación del pleno la próxima semana cinco resoluciones del debate sobre el estado de la nación firmadas conjuntamente con CiU. La principal, a la que podría sumarse el PP, propone la reforma del Código Penal para hacer frente al crimen organizado. El PSOE pretendía mantener tendidos los puentes de colaboración con todos los grupos minoritarios pero Esquerra Republicana de Catalunya se negó a respaldar una iniciativa que, a su juicio, «va a rebufo de la alarma social creada por la reciente oleada de robos». Los nacionalistas han ganado posiciones. En un año la relación de fuerzas en el Congreso ha dado un vuelco. Sobre todo, en lo que a los grupos catalanes se refiere. En el 2005 el trato preferente de los socialistas a Esquerra Republicana de Catalunya impidió a CiU sacar adelante una sola de sus propuestas. Esta vez -con el pacto de José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas de por medio- se ha apuntado varios tantos: una resolución sobre inmigración, otra sobre política exterior, una de seguridad vial y otra más en la que insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas necesarias para que la Generalitat «pueda asumir la gestión de los puertos de Barcelona y Tarragona y participar en la gestión de los aeropuertos situados en Cataluña». Los textos de las resoluciones fueron presentados ayer por los grupos parlamentarios en el registro del Congreso, pero no se votarán hasta el martes próximo. Aún hay tiempo, pues, para seguir negociando. En cualquier caso ERC queda en una situación algo precaria. Sólo comparte con los socialistas la iniciativa relativa al control de la inmigración. Un texto vago en el que no se adquiere compromiso alguno. Por lo demás , la propuesta estrella del PSOE cuenta con el respaldo de todos los grupos salvo ERC y PP. En ella se insta al Gobierno a «impulsar las reformas normativas necesarias» para introducir una sanción «más severa» para las organizaciones delictivas en los asaltos a viviendas «que sean cometidos por bandas organizadas» y «establecer un régimen de decomiso más extenso de los beneficios obtenidos por estas bandas y organizaciones». «Test del cambio» Pese al intento del PSOE de mantener tendidos todos los puentes y el deseo de varios pretendientes de no quedar descolgados, se tendrá que esmerar a fondo. Izquierda Verde (IU-ICV) asegura que afronta la negociación de las resoluciones como el «test del cambio», la prueba de si, en la segunda parte de la legislatura, el Gobierno consolida su giro a la derecha. Esquerra también se opone a ese viraje. El grupo que encabezan Gaspar Llamazares y Joan Herrera centrará, en cualquier caso, sus conversaciones en la estipulación de un plan de cierre de las centrales nucleares y el desarrollo de un nuevo sistema energético; una nueva ley del suelo que facilite el acceso a una vivienda digna o la presentación de un plan de vivienda joven. Además, pretenden implicar al PSOE en la defensa de «nuevos derechos civiles» como la interrupción voluntaria del embarazo o la polémica aplicación de la eutanasia.