La policía espera la ayuda voluntaria de los constructores que pagaron a Roca

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional tiene las puertas abiertas. Los expertos de la operación Malaya esperan que el casi centenar de empresarios, constructores y promotores que pagaron multimillonarias comisiones a Juan Antonio Roca para poder sacar adelante sus proyectos inmobiliarios acudan a la Policía para denunciar aquellos hechos antes de que sean descubiertos y, entonces sí, sancionados por el pago de cohechos. Los analistas de Interior calculan que entre 1996 y el 2006, el gestor inmobiliario cobró ilegalmente para conseguir que salieran adelante unos 600 proyectos, que luego eran aprobados por la Junta de Gobierno. Según fuentes judiciales, el centenar de empresarios bajo sospecha pagaron al muñidor unos 360 millones de euros para construir poco más de 30.000 viviendas en cinco zonas diferentes del municipio: Milla de Oro, Nueva Andalucía, Nagueles, Sierra Blanca Camoján y Elviria. La declaración voluntaria de estos constructores y promotores sería de gran importancia para la investigación ya que Roca jamás firmaba un solo papel (la firma era siempre de Jesús Gil, Julián Muñoz o Marisol Yagüe) y todos los tratos se realizaban antes de la aprobación del proyecto en su despacho, sin ningún tipo de documento y sin testigos. Una lista que crece La gran cantidad de personas y cuentas bajo sospecha podría incluso ampliarse en las próximas semanas, ya que la policía todavía no ha podido examinar las 30 grandes cajas de documentación incautadas en la treintena de registros practicados a finales de marzo y principio de abril cuando se desató la operación Malaya. Buena parte de estos documentos procede del bufete de abogados madrileños Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor que gestionaba varias de esas firmas pantalla. Además, cada día los bancos informan de nuevas cuentas a nombre de personas relacionadas con la trama que han sido localizadas e inmovilizadas. El volumen de las incautaciones de inmuebles, que dos meses después de las redadas continúa «totalmente abierta», también se ha disparado en las últimas semanas. Medio centenar de casas, urbanizaciones, hoteles y palacios han sido aprehendidas desde finales de marzo.