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Andalucía y Valencia también recogen en sus textos el dinero extra que exigen a Madrid

El estatuto balear aceptado por el PP tiene la misma financiación de Cataluña

Se reclama «una compensación» del Estado en Baleares de 3.000 millones en diez años El «sí» y el «n

Seguidores del PP agitan las banderas del partido en el mitin de Rajoy

Publicado por
Marco Leal
León

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El nuevo Estatuto de Baleares aprobado el martes por el Parlamento insular gracias al pacto entre PP y PSOE propone, al igual que las reformas de Cataluña y Andalucía (donde los populares se oponen y el Gobierno regional está en manos del PSOE) un mecanismo para cuantificar las inversiones del Estado en la comunidad autónoma. La propuesta, que entrará en el registro del Congreso el próximo lunes, reivindica en su disposición adicional octava una inversión del Estado de 3.000 millones de euros en diez años para paliar el déficit histórico de infraestructuras en el archipiélago. La reforma pretende así que el Estado subsane los «déficit acumulados» en educación, sanidad y servicios sociales derivados del «constante incremento de la población». Asimismo, precisa el método de cálculo de dicho monto: se define la media de las inversiones del Estado en las islas durante los ejercicios 2005 y 2006 y a partir de ese baremo, y en función del plazo fijado, se sumarán los porcentajes de inversión anual hasta alcanzar los 3.000 millones de euros. La cuantificación de las inversiones del Estado en las comunidades autónomas figura en otras reformas emprendidas en este legislatura, aunque con métodos distintos. El estatuto catalán, que se somete a referéndum el domingo, fue el que abrió ese camino en el actual contexto de reformas, al definir la inversión del Estado en esa comunidad durante los próximos siete años en función de la participación de Cataluña en el PIB español. El Estatut incluye este sistema como modo de acabar con el «déficit de infraestructuras» en el territorio. La propuesta del Parlamento de Andalucía incorpora una disposición adicional similar, aunque en este caso establece que la inversión estatal será «al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado». El nuevo Estatuto valenciano, ya en vigor, contempla este aspecto aunque de un modo menos concreto.