Galicia, la primera comunidad en rebelarse
La Xunta avisa a las empresas eléctricas que deberán dejar «una parte de los beneficios en la autonomía», aunque se está estudiando todavía cuántos y de qué forma
Embalse de Belesar, en Portomarín (Orense) cuya explotación data de los primeros años sesenta
Galicia es la primera comunidad autónoma que se apresura a recuperar compensaciones por la energía eléctrica que exporta fuera de sus lintes, aunque, al contrario de León, sea mayoritariamente de origen hidrúlico y no térmico. En aquella región la única central térmica es la de lignito de As Pontes de García Rodríguez (lignito) y el resto saltos de agua en las cuencas y embalses del Miño o de los ríos que van a desembocar a él. Según ha anunciado ya el consejero de Innovación e Industria de la Xunta. Fernando Blanco, el gobierno regional proyecta crear algún tipo de impuesto que obligue a las empresas eléctricas a devolver o reinvertir parte de sus beneficios en el lugar de origen donde se generan. «No somos un sitio para venir a explotar nuestros recursos y que se marchen con todo», manifestó en una reciente rueda de prensa. Galicia, aunque en menor medida que León, exporta aproximadamente el 40% de la energía eléctrica que genera al resto del territorio español. La base de las reclamaciones gallegas, que empezarán gravando los nuevos parques eólogicos y luego los antiguos saltos hidroeléctricos a medida que las concesiones administrativas de estos últimos vayan caducando, se argumenta en que «no es razonable soportar el coste medioambiental de este tipo de instalaciones a cambio de nada». Galicia cuenta con un total de 26 grandes embalses hidroeléctricos, explotados por por Fenosa, Iberdrola y Endesa, que generan cada año una producción media de 300 millones de euros, dependiento de si el año es seco o abundante en lluvias y hace falta aliviar los embalses en detrimento de las térmicas en el resto del país. A cambio de estos ingentes recursos las presas de la autonomía vecina apenas dan trabajo a 350 trabajadores en cuatro provincias, los justos para controlar los sistemas informatizados de explotación y vigilar si los muros del embalse presentan una o varias pequeñas grietas. Los impuestos que las empresas gallegas pagan a la administración llevan, como en León, treinta años sin ser actualizados, lo que convierte a este tipo de instalaciones en un negocio casi redondo y de por vida, en concesiones a cuarenta años y luego prorrogables.