El 19% de las salidas de los bomberos de León se produce fuera del municipio

El debate planteado por la financiación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de la capital leonesa se asienta en los números expuestos por un informe de elaboración municipal en el que queda reflejado que el 19% de las actuaciones de los bomberos se producen fuera del término municipal, por lo que el alcalde -al igual que lo hiciera el PSOE en una moción anteriormente- ha solicitado ayuda para sufragar una nómina que asciende a 4.047.358 euros, de los que 198.969 euros corresponden a los bienes corrientes y servicios, 77.185 euros a las inversiones reales y 3.771.204 euros al pago de las nóminas de los 87 efectivos que se acumulan en el parque situado en el paseo Sáenz de Miera. Sobre estas cifras se edifica un sistema de actuación que cubre gran parte del territorio de la provincia, con la única excepción de la franja en la cual la competencia corresponde a los bomberos de Ponferrada. En el resto, se distribuyeron 171 de las 741 intervenciones que la central de Sáenz de Miera realizó durante el pasado año 2005, con el municipio de San Andrés del Rabanedo como principal beneficiario, con 41 actuaciones, seguido por Villaquilambre con 10, La Virgen del Camino con 6 y La Bañeza con 5. Y con todo el análisis numérico como argumento, el Ayuntamiento defiende que no puede ser el pagano en solitario, pese a que reciba de la Diputación anualmente cerca de 180.000 euros -que se reparten directamente entre los bomberos- y que el cobro de las tasas por prestación de servicios, reguladas por las correspondientes ordenanzas, aporte cerca de 163.000 euros más. «El coste no es únicamente el que surge de la intervención que eventualmente puede realizar el cuerpo, sino que supone tener a disposición de los ciudadanos un parque de bomberos y sus elementos de actuación», explica el informe elaborado por el consistorio. En el mismo documento se abren las dos posibilidades para repartir gastos: la creación de una mancomunidad o el nacimiento de un consorcio. En el primero de los casos, la figura jurídica se habilitará con el Ayuntamiento y los consistorios del alfoz, y se completaría con un convenio con la Diputación en el que se establecieran las cantidades a exigir al resto de administraciones municipales. Pese a su viabilidad, el alcalde ha apostado por la segunda opción. En el consorcio interadministrativo estarían los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo, la Diputación Provincial y la Junta, dado que tiene competencias relacionadas con el material, como es el caso de la Protección Civil. Esta fórmula es la que utilizan gran parte de las administraciones provinciales del país, como es el caso de Valencia, donde la comunidad autónoma afronta el 30% de los gastos, la Diputación el 50% y el 20% restante se reparte entre el resto de ayuntamientos. Independientemente de la alternativa que se escoja y su reparto presupuestario entre los contendientes, la apertura del debate aporta al Ayuntamiento una esperanza para descargar parte de su carga en otros hombros.