Apoyo total a los empresarios que Marlaska detuvo por pagar a ETA

El Gobierno y la patronal navarra mostraron ayer su comprensión hacia los dos empresarios navarros detenidos por el presunto pago del impuesto revolucionario a ETA e insistieron en que más que culpables son víctimas. José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero, socios de Construcciones Azpiroz y Saralegui -una compañía que realiza numerosas obras públicas en la provincia de Pamplona y que actualmente trabaja en la estación de autobuses de la capital nava-rra- fueron trasladados ayer a Madrid desde Pamplona y mañana serán interrogados por el juez. Según fuentes de la investigación, ambos pagaron 64.000 euros a la banda, tal y como consta en un recibo incautado en el domicilio de Bayona de uno de los presuntos etarras detenidos el martes en Francia. Las reacciones a la detención ordenada por Marlaska no se hicieron esperar. El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, expresó su «respeto a la decisiones judiciales» pero dijo no comprender las detenciones. «Los realmente culpables son los que hacen la extorsión, la presión y la coacción», subrayó. El coordinador general de EB-IU, Javier Madrazo, consideró que el arresto de dos empresarios navarros resulta «desproporcionado y tienen una clara intencionalidad política». Madrazo dijo que las personas que pagan el chantaje a ETA «lo hacen siempre bajo coacción y hasta ahora tanto el poder político como el judicial han respetado y comprendido esta situación». «No tiene ningún sentido actuar ahora contra estas personas, que primero han sido víctimas de ETA y ahora lo están siendo de actuaciones judiciales totalmente desproporcionadas y que tienen una clara intencionalidad política», apostilló. Una investigación vieja El presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, calificó de «grave» el pago a ETA pero mostró su «solidaridad» con los dos empresarios detenidos. Ayesa indicó que la recomendación de la Confederación de Empresarios de Navarra «siempre es la de no pagar», pero «hay que ser respetuoso con las circunstancias personales de los extorsionados». Apuntó además que si los arrestos responden a una investigación iniciada en 1998 sobre la red de extorsión de ETA los hechos que se imputan a ambos serán antiguos «porque ETA sigue un proceso de incrementar la presión en cada carta» hasta conseguir su objetivo. «Y cuando a uno le dicen que es objetivo prioritario de la banda y que tienen controlada a parte de su familia, hay mucha gente que se mantiene firme pero hay gente que se le arruga el ombligo y paga, y esas circunstancias son las que no sabemos». La presidenta de EA Begoña Errazti exigió «la liberación inmediata» y acusó al juez de orientar sus acciones a «dinamitar el clima de confianza generado en la sociedad vasca» por lo que pidió al Gobierno que «ponga freno a las actuaciones de un juez que responde a la voluntad de aquellos que no quieren que alcancemos la paz».