El regreso de Garzón

Baltasar Garzón vuelve a su juzgado, el número 5 de los de la Audiencia Nacional. Recuperará su despacho el lunes 4 de julio, quince meses después de que pidiese una licencia por estudios que le llevó a investigar el terrorismo en la New York University y en varios grupos de trabajo de Naciones Unidas. Volverá, por tanto, a controlar importantes instrumentos de la lucha antiterrorista en un momento clave del proceso de paz abierto tras el alto el fuego permanente anunciado por ETA el pasado 22 de abril. Cuando el secretario judicial asignado al Juzgado Central de Instrucción 5 informe al juez Garzón del estado de los sumarios, la lista de presos a su disposición y las diligencias de urgente práctica ordenadas por su antecesor en el despacho, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habrá comunicado ya al Congreso su decisión de iniciar contactos con ETA a efectos de lograr el fin dialogado de la violencia. Patxi López, líder de los socialistas vascos, estará a punto de reunirse con la dirección de Batasuna, uno de los hitos del proceso. Según la versión oficial, esa reunión sólo busca convencer de los dirigentes de la izquierda aberzale de la necesidad de que maniobren para recuperar la legalidad y ser parte del proceso. En las próximas semanas, la elección de un nuevo nombre y el envío al Ministerio del Interior de unos nuevos estatutos que incluyan una clara apuesta por los medios pacíficos puede ser suficiente para salir del agujero de la ilegalidad. Pero ese no es problema. El escollo grave es el (oscuro) futuro procesal de la mayoría de los dirigentes de los grupos que aglutinan a la izquierda aberzale y, en particular, a los cuarenta líderes de Batasuna procesados por un presunto delito de pertenencia o colaboración en un sumario que, a partir del lunes 4 de julio, pasa a estar controlado de nuevo por Baltasar Garzón, el mismo magistrado que lo puso en marcha en el verano del 2002. Desde entonces, el partido ilegalizado tiene suspendidas todas sus actividades orgánicas y públicas hasta enero del 2008. Ese sumario ha permitido al juez Fernando Grande-Marlaska, que gobernó el juzgado durante la excedencia de su titular, mantener un férreo control sobre Batasuna y frenar sus intentos de recuperar un espacio público desde el que convertirse en agente activo en el proceso de paz. La gestión que Garzón haga a partir de ahora de ese sumario dejará inevitable y correlativa huella en el proceso político abierto para convertir en definitivo el alto el fuego etarra. Los líderes de Batasuna creen que la legalización del partido no pasa tanto por un pronunciamiento en ese sentido del Tribunal Supremo, sino por que ellos mismos dejen de sentir el aliento de la justicia en el cogote. En manos de Garzón queda en realidad que Arnaldo Otegi y sus colaboradores -bajo cualquier nombre colectivo- puedan o no concurrir a las elecciones municipales y provinciales en el País Vasco y Navarra en mayo del 2007. Un juez que no es «ajeno» El pasado 29 de mayo, el juez Garzón firmó ejemplares en la Feria del Libro de Madrid de su reciente libro, un análisis sobre el fenómeno del terrorismo. A preguntas de los periodistas, adelantó que en su retorno a la Audiencia Nacional no será «ajeno» a la coyuntura política actual, marcada por el alto el fuego decretado por ETA.El magistrado, que considera que «estamos en un buen momento», es de la opinión de que «el juez no es ajeno a lo que sucede a su alrededor y tiene que trabajar en este sentido y valorar las circunstancias». Mostró su confianza en que «el Poder Judicial sabrá tener en cuenta cuál es la situación del momento y sus actuaciones estarán sometidas al imperio de la ley, porque si no, no se entendería proceso de paz ni acción alguna por parte institucional». Garzón dijo entender que «el Gobierno tiene la obligación de dialogar y sondear los intereses de la organización terrorista, en la medida que (ETA) tenga una voluntad clara de abandonar las armas y someterse al Estado de Derecho». El experto juez opina que si la intención de ETA es realmente acabar con la violencia, «el Estado de Derecho es muy amplio y puede ofrecer muchas posibilidades sin violentar los principios constitucionales y los principios del ordenamiento jurídico». Con ganas de trabajar Los funcionarios de su juzgado tienen claro que Garzón vuelve con la intención de tomar decisiones desde el primer día. En los primeros días de junio, casi un mes antes de su regreso, llamó a los funcionarios para pedirles que para el día su vuelta tengan preparados informes detallados de la situación de cada una de los más de 200 causas que hay abiertas en su juzgado para poder tomar decisiones. El proceso de más urgente atención es el que ha permitido la desarticulación del supuesto aparato de extorsión de la banda terrorista, una investigación que él mismo abrió hace más de dos años para determinar, en principio, si varios empresarios vascos y navarros pagaron el impuesto revolucionario de manera voluntaria o bajo amenazas. Las pesquisas han dado una nueva dimensión al sumario ya que podrían haber detectado todo el proceso de intermediación entre ETA y partidos políticos vascos previo a la declaración de alto el fuego. Según fuentes de su entorno, el juez Garzón cree que su colega Grande-Marlaska, que le ha sustituido durante este tiempo en el juzgado, ha errado la forma de abordar el asunto. Ese será uno de los primeros sumarios que revisará a fondo Baltasar Garzón. Entre las causas que le esperan sobre la mesa de su despacho, también están la que fue abierta contra dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por su supuesta colaboración con la banda armada y la dirigida contra Udalbiltza, plataforma de ex cargos públicos de Batasuna. Además, debe cerrar varios sumarios de terrorismo islámico y narcotráfico, e incluso ocuparse de la reciente estafa multimillonaria de Afinsa y Fórum Filatélico.