El juez de Marbella envía a prisión a otro de los ex concejales detenidos

El juez Miguel Angel Torres, instructor del caso Malaya, decretó ayer prisión incondicional para el ex concejal del Ayuntamiento de Marbella Rafael Calleja y libertad sin fianza y con cargos por los delitos de cohecho para los ex ediles Javier Lendínez, Emilio Jorrín y Antonio Luque. A Calleja se le imputan sendos delitos de prevaricación y cohecho, explicó a los periodistas su abogado, Pablo Luna, quien dijo que su defendido tendrá que ser atendido en la enfermería de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) por problemas de salud. Los otros tres detenidos abandonaron el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, en el que permanecieron varias horas y en el que al cierre de esta edición aún esyaban pendientes de si el juez toma alguna medida contra ellos el anterior jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, y los ex ediles Belén Carmona y José Jaén, que ya han testificado. También estaba previsto que prestaran declaración los empresarios Carmelo Armenta Rodríguez y Emilio Miguel Rodríguez Bugallo, ambos detenidos el martes en Madrid. Lendínez expresó a los periodistas a su salida la satisfacción de todos ellos por poder reunirse con sus familias, mientras que Emilio Jorrín dijo que ya sabían que no habían hecho «nada». El juez ha tomado declaración hasta el momento a diecisiete de los treinta detenidos por la trama de supuesta corrupción urbanística en Marbella, para seis de los cuales ha decretado prisión incondicional, libertad con fianza para otros tres y libertad sin fianza para cinco. Los seis ex ediles en prisión, acusados de cohecho en relación con prevaricación y tráfico de influencias, son los ex integrantes del GIL Tomás Reñones Greco, que fue en su día jugador internacional y del Atlético de Madrid, Vicente Manciles Higuero, Rafael González Carrasco, José Luis Fernández Garrosa y Rafael Calleja y la andalucista María José Lanzat, que ha sido suspendida de militancia por el PA. En libertad bajo fianza de 30.000 euros quedó la ex edil María del Carmen Revilla, imputada por cohecho presuntamente relacionado con la concesión de licencias urbanísticas. El juez instructor de la operación, Miguel Angel Torres, ha accedido a la petición de los abogados defensores de los detenidos para que puedan entrevistarse con éstos antes de que presten declaración en las dependencias judiciales. El ladrillo y la política Sobre la operación, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, dijo ayer en Córdoba que no es «una causa general contra el urbanismo, ni contra los promotores o los constructores, sino que es un caso concreto, con personas concretas», mientras que el subdelegado en Málaga, Hilario López Luna, manifestó que «no puede considerarse que el caso esté definitivamente cerrado». La segunda fase de la operación Malaya ha propiciado, por orden judicial, la paralización de hasta nueve proyectos promovidos en Marbella por empresas de los principales constructores detenidos, según informaron a Efe fuentes de la Delegación de la Consejería de Obras Públicas en Málaga. Sobre la detención del empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, pidió ayer al gobierno municipal que envíe mensajes de tranquilidad a los ciudadanos y garantice que no se pararán las obras.