Medio Ambiente obliga a Pedro J. a que su piscina sea de uso público y pagar a personal de mantenimiento
El ministerio de Medio Ambiente ha dictado una resolución por la que se regula el uso público y las condiciones de seguridad de la piscina de la casa del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en Mallorca, con la oposición de los grupos políticos que denunciaron la situación y del PSOE en la isla. La ministra Cristina Narbona aseguró ayer que esa regulación no supone «una legalización» de la instalación porque tiene una concesión administrativa que le otorgó, cuando era ministro, Jaume Matas. En esa concesión, precisó Narbona, «dice que esa es una piscina que debe tener un uso publico» y el ministerio lo ha establecido «teniendo en cuenta» que debe estar «sometido a determinados criterios de seguridad» por razones que les han pedido «desde el ministerio del Interior y que son inherentes a esa persona que es titular». Fue el propio Ramírez el que sugirió las condiciones para el uso público de la piscina y lo hizo en una apuesta por los valores medioambientales «a pesar de las molestias que puedan suponer», según explicó el director de El Mundo . Medio Ambiente, «teniendo en cuenta lo que decía la Abogacía del Estado y la Delegación del Gobierno sobre seguridad», le pidió una propuesta y él formuló «un proyecto de uso público real, para demostrar nuestra apuesta por los valores medioambientales y convertir un problema en una oportunidad», aseguró. La resolución del ministerio establece que durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre grupos de un máximo de diez escolares junto a un monitor podrán acceder, a través del domicilio de Ramírez, durante dos horas diarias a la piscina, que deberá reformar, dotar con un aseo y mantener con personal a su cargo. El resto del año, él o quien determine podrá disfrutar en uso privativo de ella. A Ramírez le parece «un poco surrealista que tanta gente importante se esté dedicando a hablar de una pileta en la que apenas caben 8 o 10 personas apretadas» y que no es «sino una de las miles y miles que hay en el litoral, con la diferencia de que esta es una de las pocas que es legal». El PSOE de Mallorca expresó ayer su «absoluto desacuerdo» con la resolución y anunció que solicitará que se «rectifique».