Zapatero garantiza en público que no tiene ningún compromiso con ETA Un «monárquico de pensamiento republicano» El fiscal general tendrá un mandato de cuatro años y no será reelegible

El Gobierno negó ayer que el proceso de paz atraviese un momento difícil. La publicación en el diario Gara de unos supuestos pactos del Ejecutivo con ETA entorpeció el anunciado diálogo con los terroristas y evidenció la división existente en el seno de Batasuna. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, restó importancia a esta cuestión al subrayar que «no hay ningún problema» y asegurar que el proceso seguirá adelante con el máximo compromiso y esfuerzo por parte del gabinete socialista. El lunes afloraron los primeros escollos con la información de Gara , cuya línea editorial se identifica con los postulados de la izquierda independentista. El periódico aseguraba la existencia de pactos con el Gobierno, que fueron desmentidos no sólo por el jefe del Ejecutivo, sino también por el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, quien por primera vez contradijo las informaciones de ese rotativo. El desmentido confirmó que en Batasuna subsisten dos corrientes: un sector oficial partidario de dar pasos hacia la legalización, como exige el PSOE y requiere el proceso de paz; y otro que se niega a modificar la situación actual del partido como muestra de fuerza ante el Ejecutivo. Este último sector exige la derogación de la ley de partidos y acusa a Zapatero de incumplir unos supuestos compromisos. El presidente del Gobierno, no obstante, desmintió tajante haber alcanzado pactos con la banda terrorista. En una entrevista en Punto Radio antes de empezar el Consejo de Ministros, negó hasta tres veces haber adquirido ningún tipo de acuerdo y aclaró que el único compromiso que ha asumido en este tiempo es el de acabar con la violencia. Zapatero se mostró sorprendido porque, a su juicio, no está recibiendo el mismo trato que los anteriores jefes del Ejecutivo, a quienes la oposición respaldó para dialogar con ETA y buscar el final del terrorismo. A pesar de esta queja, dijo que afrontará con paciencia las críticas de quienes, como el PP, le han acusado de traicionar a los muertos y de compartir el proyecto de los terroristas. En cualquier caso, pidió que no se le juzgue por las opiniones de los sectores críticos con el Gobierno sino por sus acciones, y se mostró convencido de que demostrará con los hechos tanto al PP como al resto de los españoles que dice la verdad. El líder del PSOE aclaró que cuando el 29 de junio afirmó que el Gobierno «respetará las decisiones que adopten los ciudadanos vascos libremente» se refería a lo que decidan dentro de la legalidad y de la Constitución. Ante la posibilidad de que algunas de las formaciones políticas del País Vasco pidan la independencia, Zapatero zanjó el debate porque «no hay ninguna previsión en nuestro ordenamiento jurídico» que contemple esa hipótesis. Reiteró, además, que el futuro de Navarra no será moneda de cambio en el diálogo con ETA y que, aunque el PP no se dé por enterado, ya se lo garantizó a Mariano Rajoy hace tiempo en el Parlamento. Mediadores internacionales Zapatero no confirmó explícitamente la existencia de mediadores internacionales, pero sí lo hizo de forma implícita al dar las gracias a «muchas personas anónimas que están colaborando desinteresadamente» para acabar con ETA. Se negó a dar más detalles y pidió «discreción y prudencia» en esta materia. Ante la posibilidad de que el alto el fuego permanente sea un engaño de los terroristas, el presidente reconoció que en los anteriores intentos no se pudo acabar con ETA y aseguró que el Estado de Derecho está preparado para esa posibilidad. No obstante, se mostró convencido de que el proceso saldrá bien porque «tenemos las mejores condiciones de la historia de la democracia para ver el final de ETA». El jefe del Ejecutivo dijo por último sentirse «lleno de energía» para lograr ese objetivo y confió en poder conseguirlo en el menor tiempo posible. En todo caso, Zapatero pidió ayuda «a todos» en esa tarea porque, auguró, «podemos conseguirlo». Al PP, que había exigido insistentemente este desmentido del presidente, no le bastó ayer con que se produjera. El secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, declaró a TVE que «las palabras no se corresponden con los hechos y acusó a Zapatero de «mentir». José Luis Rodríguez Zapatero confesó ayer en Punto Radio que aunque comulga con la teoría republicana se siente «monárquico» porque el rey Juan Carlos I es un «magnífico» jefe del Estado que ejerce sus funciones con «maestría». El presidente del Gobierno, que en anteriores ocasiones se definió como «rojo», «feminista» y «laicista», afirmó esta vez que le resulta difícil explicar que se siente al mismo tiempo republicano y monárquico. Aclaró que está de acuerdo con los postulados republicanos que han dado origen a la democracia, pero que esa opinión no tiene nada que ver con que el Estado se organice con una monarquía parlamentaria, como ocurre en España. Rodríguez Zapatero reconoció en la entrevista que en ocasiones bromea con que Juan Carlos I es un rey que «conoce muy bien los valores del comportamiento republicano porque respeta la Constitución escrupulosamente». Por último, el presidente del Gobierno defendió que España tiene una «gran fortuna» por el comportamiento de su jefe del Estado. El anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado ayer por el Consejo de Ministros limitará el mandato del fiscal general del Estado a cuatro años y además este cargo no podrá ser reelegido, aunque seguirá en su puesto como interino hasta que haya un nuevo nombramiento. Según explicó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la idea del Gobierno al limitar a una legislatura el mandato es terminar con la espada de Damocles que pende sobre los fiscales generales cada vez que cambia el Gobierno. El texto propuesto por el Ejecutivo, que por primera fija «una asignación presupuestaria singularizada» a esta institución, también modifica el régimen de nombramiento del fiscal general del Estado. A partir de su aprobación, el candidato propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá comparecer ante el Congreso de los Diputados antes de ser nombrado por el Rey. El actual fiscal general, Conde-Pumpido, deberá ser sometido a este examen parlamentario. El borrador fija las «causas tasadas» de cese del fiscal general, que puede revisar el Supremo: petición propia, incompatibilidad o prohibición establecida en la ley, incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y fin del mandato del Gobierno que lo propusiera. Además, el texto da más poder a la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano asesor del fiscal . El estatuto acomete una reorganización territorial al cera la figura del fiscal superior de las autonomías.