Lluvia de millones tras el fuego

Un año después del incendio forestal que afectó a la comarca del Alto Tajo y en el que murieron once miembros de un retén además de quedar arrasadas 13.000 hectáreas de arbolado se suceden los proyectos para recuperar y revitalizar esta zona del noreste de la provincia de Guadalajara al mismo tiempo que las familias de las víctimas siguen pidiendo justicia. Desde que a las 14,44 horas del 16 de julio del 2005 los servicios contraincendios de la Junta de Castilla-La Mancha recibieron la primera llamada alertando de un fuego en una zona de barbacoas de Riba de Saelices próximas a una cueva con restos de arte rupestre hasta que éste quedó controlado, cinco días después, once pueblos de esta comarca del Ducado de Medinaceli vivieron un infierno que tardarán tiempo en olvidar. Un año más tarde se ha puesto en marcha un Plan de Actuación Integral que prevé inversiones millonarias en infraestructuras, ayudas para los afectados y la recuperación medioambiental de las 13.000 hectáreas que tardarán cerca de 50 años en presentar el mismo aspecto que tenían en el 2005. Lo que más indigna a los vecinos de estos pueblos es que tuviera que ocurrir una desgracia para que las administraciones (Gobiernos central y autonómico y Diputación Provincial) se acordasen de su existencia y aprobasen mejoras en sus penosas carreteras, inversiones en política turística y proyectos de construcción de nuevos colegios y centros de salud. Es como si los responsables políticos lavaran sus conciencias a base de inyecciones económicas. Y es que durante los cinco días que el fuego avanzó incontrolado quedó en evidencia el atraso de esta comarca, donde el simple uso de un teléfono móvil era casi imposible por falta de cobertura. Diez millones de árboles Un año más tarde y según datos de la Junta de Castilla-La Mancha, se ha actuado sobre el 52% de la superficie afectada y se han extraído 300.000 metros cúbicos de madera, tarea necesaria para limpiar los bosques antes de su regeneración y evitar la aparición de plagas. «Los trabajos van a buen ritmo», apunta el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que sustituyó en este cargo a Rosario Arévalo -víctima política de todo lo sucedido- pocos días después de que el incendio quedara sofocado. Según Martínez Guijarro, la decisión de unificar los trabajos de saca de madera y de restauración de la zona «ha sido acertada». En total, más de 300 personas y un centenar de máquinas trabajan en la extracción de la madera quemada: 10 millones de árboles, en su mayoría pinos. Al mismo tiempo, el Plan de Actuación Integral está permitiendo el acondicionamiento de carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial y la mejora de instalaciones educativas, culturales y deportivas. También se ha arrancado el compromiso a la Red Nacional de Paradores para que se construya un Parador Nacional de Turismo en Molina de Aragón que podría abrir sus puertas en el 2010. Por su parte, la empresa Iberdrola ha anunciado la puesta en marcha de una central de biomasa en Corduente para generar energía mediante los restos de las podas que se realicen garantizando de esta forma los trabajos selvícolas. A estas actuaciones hay que sumar el pago de unos 260.000 euros para los agricultores y ganaderos afectados por el fuego y la apertura de una Oficina de Atención a las Familias de las Víctimas que se ha encargado de los trámites administrativos para abonar las indemnizaciones a las once familias de los fallecidos. Más justicia Los pueblos del Ducado de Medinaceli se han convertido así en los principales receptores de ayudas públicas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en el último año. Sin embargo, algunos familiares de los muertos -sólo sobrevivió uno de los doce miembros del retén-, el PP y colectivos sociales como la asociación cultural «La Riba» siguen pidiendo justicia porque entienden que la comisión de investigación abierta el pasado verano en las Cortes de Castilla-La Mancha para estudiar lo sucedido sólo sirvió para dar carpetazo a uno de los mayores desastres medioambientales de las últimas décadas sin que nadie asumiera responsabilidad alguna. Su principal conclusión fue que la magnitud de este incendio se debió a un cúmulo de fatalidades y circunstancias imprevisibles como altas temperaturas y vientos fuertes y cambiantes. El juez mantiene a diez personas imputadas en este asunto por los presuntos delitos de incendio forestal y homicidio imprudente: nueve excursionistas de Madrid que encendieron la fatal barbacoa causante del incendio y el guarda de la cueva de los Casares, de Riba de Saelices que, según su versión, les advirtió del peligro de hacer fuego por el viento que soplaba. Después del incendio de Guadalajara, está absolutamente prohibido encender y usar el fuego en espacios abiertos del medio natural, incluidas zonas recreativas, áreas de acampada y campamentos. Transcurrido un año de la tragedia, la mayoría de los habitantes de los pueblos esperan que los bosques se recuperen sin más sobresaltos en los próximos años, mientras se contempla el futuro con incertidumbre, pues esta comarca vivía del turismo de interior, la caza y la venta de madera. Muchos de ellos no lo verán pero sí sus descendientes. En este último año se ha creado la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, se ha decidido la apertura de un Centro de Investigación del Fuego y se ha dotado a los agentes medioambientales de telefonía móvil y vehículos con sistema de posicionamiento geográfico por satélite. Los once miembros del retén de Cogolludo abrasados en Riba de Saelices tal vez nunca imaginaron tanto esmero en la política de lucha contra los incendios forestales.