Y ahora, todo por decidir

Las condiciones exigidas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para dar vía libre a la opa de E.On sobre Endesa han recibido una cascada de calificativos que van desde «asumibles» a «abusivas», por lo que resulta difícil hacerse una idea cabal sobre su grado de dureza. Del mismo modo, parece complicado determinar quién ha cedido y quién ha salido ganando, quién se ha visto sorprendido y quién se frota las manos leyendo la resolución del organismo regulador. En primer lugar habría que preguntar a la parte interesada, el grupo alemán E.On, que las ha calificado de «injustificadas» y ha avisado de que estudia emprender acciones legales. La empresa opada, Endesa, ha guardado silencio, pero no se debe olvidar que en sus alegaciones había pedido a la CNE que no impusiera condiciones. La presidenta del organismo regulador, Maite Costa, ha dicho que las condiciones son «asumibles», la misma palabra que destacaron la mayoría de los periódicos en su edición de ayer. En el ámbito político, las reacciones han sido más dispares y quién más y quién menos ha intentado arrimar el ascua a su sardina. El Gobierno ha evitado los calificativos, pero ha repetido que las condiciones se ajustan a la normativa comunitaria. Por el contrario, el PP ha utilizado con profusión los adjetivos: «abusivas, arbitrarias e injustificadas». Lo cierto es que durante las últimas semanas las quinielas sobre las condiciones de la CNE han oscilado entre la alarma de un posible veto, explícito o no, y la sensación de acuerdo y consenso que proporcionarían unas exigencias asequibles. En cualquier caso, la dureza de las condiciones es relativa y depende de con qué se comparen. Pueden ser duras si se contraponen a algunas expectativas, pero no llegan a los planteamientos defendidos por el ponente, Jorge Fabra, que pedía la venta de Ruhrgas. Quizás la regla que mejor mide hasta donde ha llegado la CNE es el texto del Real Decreto-Ley que aprobó el Gobierno el pasado febrero para ampliar las facultades del organismo regulador. Esta norma establece que la CNE debe velar por los activos considerados estratégicos, entre ellos, de forma destacada, las centrales nucleares, las plantas de carbón nacional y las instalaciones de los sistemas insulares y extrapeninsulares. En este sentido, las condiciones fijadas por el organismo regulador vienen a coincidir con las funciones encomendadas por el Real Decreto-Ley. Al margen de este debate, la decisión de la CNE permite a E.ON superar un obstáculo importante, pero no despeja todos los interrogantes. Si el grupo alemán acepta las condiciones y la oferta es aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la opa quedará tan paralizada como su competidora, formulada por Gas Natural. Hay que recordar que la opa de la compañía gasista está en vía muerta por decisión del Tribunal Supremo y del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid. Llegado a este punto, habría que esperar a los próximos movimientos de Endesa, que podría solicitar el levantamiento de las medidas cautelares, y de Gas Natural, que debe decidir si sigue adelante con su opa. «Esta decisión supone la fractura en la empresa y una amenaza cierta para la pérdida de empleo» Balance de los sindicatos bercianos