Rajoy exige al Gobierno que impida la manifestación de Batasuna

Mariano Rajoy emplazó al Gobierno a que impida la manifestación convocada por Batasuna para el próximo domingo en San Sebastián porque es una organización «terrorista e ilegal». El presidente del PP recordó que ese partido tiene suspendidas sus actividades por decisión de la justicia y, en consecuencia, «no puede manifestarse». El líder de la oposición reclamó al Ejecutivo que inste al fiscal general del Estado «a actuar ya» y reclamar ante los tribunales que se prohíba la marcha. Rajoy señaló durante la celebración de la Festa do Viño Albariño que las autoridades tienen que hacer lo que esté en su mano para evitar la concentración ya que «una organización terrorista en ningún país normal está autorizada para hacer una manifestación». Derecho constitucional Batasuna convocó la marcha con el objetivo de dar un impulso al proceso de paz. Su dirigente Pernando Barrena señaló que han solicitado los permisos pertinentes y consideró improbable que se nieguen porque los militantes y simpatizantes de su formación no tienen suspendido el derecho constitucional a manifestarse. El Ejecutivo guardó silencio y sólo la vicepresidente primera manifestó desde Paraguay, país con el que cerró su gira latinoamericana, que «la competencia para autorizar esa manifestación corresponde al Gobierno vasco». Dicho esto, María Teresa Fernández de la Vega apuntó que «el Gobierno de la nación no tiene absolutamente nada que decir en ese tema». El Partido Socialista de Euskadi no llegó a emular al líder opositor en reclamar la prohibición de la concentración, pero consideró que la convocatoria «no ayuda demasiado» a la buena evolución del proceso de paz. El secretario general del PSE en Guipúzcoa, Miguel Buen, indicó que no se puede descartar que la marcha termine con incidentes y recordó que así ha sucedido en otras ocasiones en las que se han producido altercados, y algunos «de mucha gravedad». Buen comentó que lo ideal hubiera sido que la convocatoria no se hubiera producido, pero que una vez hecha pública hay que guardar «el equilibrio» entre el derecho constitucional a manifestarse y cumplir la ley.