Garzón sólo autorizará la marcha si Batasuna se desmarca de ella

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no siguió ayer los pasos de su sustituto, Fernando Grande Marlaska, respecto a la prohibición de los actos públicos relacionados con Batasuna. Frente al criterio del anterior magistrado de prohibir sistemáticamente las manifestaciones con protagonismo público de la coalición ilegalizada, Garzón no prohibió de momento la marcha convocada para el domingo en San Sebastián y citó a declarar al portavoz de Batasuna, Pernando Barrena y al miembro de la Mesa Nacional, Ángel Elkano. Antes de tomar una decisión, el juez quiere que ambos aclaren si la formación ilegal está detrás de la convocatoria. Protagonismo público En el auto dictado ayer, Garzón explica que Barrena y Elkano han asumido, en representación de Batasuna, «el protagonismo sobre el anuncio de la referida manifestación y en cuyo acta anunciador aparecía el anagrama de esa formación». Garzón ordena que se retirem todos los carteles anunciadores de la marcha en los que aparezca «toda referencia a cualquier organización cuya actividad esté suspendida judicialmente y, de forma especial, a Batasuna». El juez cita por ello también a declarar a la persona particular que oficialmente convocó la manifestación del domingo. Pero el juez va más lejos y emplaza hasta a un total de 38 imputados en la causa abierta contra Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi y Joseba Permach, para que aclaren por escrito si son miembros de la Mesa Nacional de la organización. Los 38 imputados deberán aclarar públicamente antes del domingo si Batasuna «promueve, impulsa, organiza, apoya o tiene alguna relación» con la marcha. Antes de 48 horas Con esta estrategia, Garzón busca forzar a Batasuna a desvincularse públicamente de la manifestación, lo que le permitiría autorizar la misma, al no estar implicados en su convocatoria miembros de organizaciones ilegalizadas. Las respuestas deberán estar en manos de Garzón antes de 48 horas para que el juez pueda tomar una decisión. La medida judicial, que se aleja del criterio de Grande Marlaska, se sitúa en un punto medio que no prohíbe el acto pero pone condiciones para su celebración. Este critero es compartido por la Fiscalía General del Estado, que ya anunció que no promovería intervención alguna para prohibir la marcha. Esta posición causó la indignación del PP, que acusó ayer a los presidentes del los gobiernos español y vasco de saltarse «el cumplimiento de la ley» por no disponer medidas legales para impedir la manifestación de Batasuna. El portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, aseguró que tanto Zapatero como Ibarretxe han dedicado sus esfuerzos a explorar vías para no cumplir la ley, en lugar de estudiar fórmulas para impedir que Batasuna se manifieste públicamente. Ante esta situación, Zaplana reclamó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que actúe «de oficio». En contra de la opinioón del presidente de este tribunal, Fernando Ruiz Piñeiro, que aseguró que sólo puede actuar «a petición de parte», Zaplana aseguró que los jueces pueden intervenir por iniciativa propia. El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, se dirigió directamente a Garzón para que «aplique el peso de la ley» y prohíba la manifestación.