La ley reconocerá el derecho de 35.000 autónomos leoneses a percibir el paro

Autónomo, como su propio nombre indica. Así era hasta hace poco el trabajador por cuenta propia, individualista, desatendido, con sus problemas cargados en su espalda. Aún es mucho el camino que queda por recorrer, pero este colectivo de emprendedores en busca del negocio o, en la mayoría de los casos, del autoempleo, ha vivido una auténtica revolución en los últimos tres años. Un movimiento asociativo cada vez más potente (aunque en el caso de León es cuantitativamente más bien simbólico) forma una representación organizada que ha conseguido llegar a las altas instancias y dar forma a algunas de las reivindicaciones históricas de estos particulares trabajadores. Acaba de presentarse el anteproyecto de Ley del Estatuto de los Trabajadores Autónomos, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y negociado con las asociaciones de autónomos y los agentes sociales, que previsiblemente será aprobado en Consejo de Ministros a primeros de septiembre. Entre los principales avances de este aun borrador, la figura de una fórmula de seguro de desempleo en casos de cese de actividad (cuyas condiciones tendrán que ser todavía consensuadas) y el reconocimiento de la jubilación anticipada, aunque de momento sólo en el caso de las actividades peligrosas. Las demandas que quedan son muchas, pero los avances están siendo importantes. Estas medidas que ahora se concretan en una ley afectarán en el caso de la provincia de León a 34.222 autónomos, uno de cada cuatro de los que hay en el conjunto de la comunidad. Sólo Valladolid tiene un número más alto de emprendedores, aunque sólo ligeramente. Los trabajadores por cuenta propia de Castilla y León representan algo más del 7% del total de los del país. Según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que junto con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) agrupan a la mayor parte de los emprendedores organizados, los principales problemas de este colectivo se centran en la financiación y la falta de información a la hora de planificar su futuro; así como en la desprotección administrativa. En el caso de la financiación, para un emprendedor que inicie su actividad se le suelen pedir avales que obligan a implicar los bienes familiares en el riesgo del negocio. Para los empresarios ya establecidos, cualquier solicitud de préstamo o hipoteca se hace con la garantía de su patrimonio, lo que hace que las entidades financieras «miren con lupa» la situación del autónomo. Las coberturas sociales son otro de los grandes problemas del sector. «Los autónomos no tienen derecho a una jubilación anticipada, ni a cotizar a tiempo parcial, ni a un paro como los trabajadores por cuenta ajena», comenta Soraya Mayo, presidenta de ATA en Castilla y León. Aunque también reconoce que la situación ha mejorado en los últimos tres años. «Uno de los grandes logros de este periodo ha sido el cobro de la baja a partir del cuarto día de enfermedad, y no a partir del décimo quinto, como ocurría hasta hace poco. Pero aún queda mucho por hacer». A punto de aprobar el anhelado estatuto del sector, las asociaciones siguen reclamando la posibilidad de contratar a familiares en el régimen general, y la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Los autónomos tendrán que decidir si se opta por la cotización obligatoria para acceder al paro o si se hace de forma voluntaria e individual