El Gobierno financiará el reparto de los menores llegados a Canarias

El Gobierno convocará en «próximos días» a las comunidades autónomas para abordar el polémico traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias a la Península. La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de agosto dedicó buena parte de su tiempo a analizar la última crisis migratoria y las quejas del Partido Popular por un reparto que, según denuncian, se ha centrado en sus autonomías. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los criterios de distribución atienden exclusivamente al número de plazas disponibles en cada región y nada tienen que ver con el color del partido que las rige. Aún así, el Ejecutivo atenderá la petición realizada esta misma semana por la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia y convocará una reunión de la Comisión Mixta de Traslados. Fernández de la Vega trató de evitar la polémica con el PP y, en un primer momento, se limitó a hacer un llamamiento para el trabajo conjunto. «Espero que todos -dijo- más allá del color político, tengamos un comportamiento razonable y a la altura del desafío». No obstante, tras las preguntas de los periodistas, negó que las comunidades gobernadas por el primer partido de la oposición sean las más solidarias. La consejera de Inmigración de la de Madrid, Lucía Figar, aseguró esta semana que en lo que va de año la comunidad ha recibido 6.500 inmigrantes. La vicepresidenta aseveró que hasta agosto el Gobierno autonómico no había ofrecido ni una sola plaza de su Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). En agosto ofertó 100. Otra cosa, dijo, son los centros de acogidas de oenegés, que han recibido alrededor de 2900. Aún así, en lo que se refiere al problema de los menores, se mostró optimista. La Administración central está dispuesta a financiar los traslados hasta la Península y a «establecer el régimen de ayudas necesario» para que este colectivo, el más vulnerable, reciba la atención y la formación precisas. Así lo afirmó la número dos del Gobierno, quien también recordó que se sigue hablando con Marruecos para proceder a la repatriación de menores (una medida muy criticada por diversas organizaciones no gubernamentales) siempre «bajo el principio de tutela y protección». «Creo -apuntó- que este será un buen precedente y un modelo a seguir con otros países» . Advertir a la UE La vicepresidenta primera del Ejecutivo viajará este martes a Helsinki y Bruselas para advertir a la Unión Europea de que su aportación al combate de la inmigración clandestina es «claramente insuficiente». María Teresa Fernández de la Vega aseguró ayer que en lo que va de año se ha realizado un esfuerzo considerable en este ámbito con la puesta en marcha de la Agencia de Control de Fronteras (Frontex); pero insistió en que es necesario un «mayor compromiso político» y «más recursos». «Se trata de un asunto común porque quien llega a España llega a al continente; por eso es necesario que todos los países se impliquen en la búsqueda de soluciones». La número dos del Gobierno recordó que, de momento, la única respuesta «comunitarizada» al problema de la inmigración es la proporcionan las medidas sociales.