Diario de León

El jefe del Ejecutivo podría dar cuenta en septiembre del resultado de los primeros contactos

Zapatero y PP convierten en un plebiscito la negociación con ETA El apoyo de los socios

El Gobierno ofrece al partido de Rajoy cinco grandes pactos de Estado hasta los comicios

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P. de las Heras - madrid
León

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«Espero que todos vengamos con fuerzas para iniciar un curso que se avecina muy intenso». La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio el viernes el pistoletazo de salida de un nuevo año político con una previsión muy realista. El rechazo del Partido Popular a las conversaciones abiertas con la banda terrorista ETA, el debate en el Congreso de una nueva batería de reformas estatutarias que, en casos como el andaluz, contribuirán a lo que los populares consideran el proceso de desmantelamiento del Estado, y la radicalización de las posturas a la que obligarán contiendas electorales (Cataluña en noviembre y autonómicas y municipales en mayo), hacen difícil rebajar la tensión vivida en lo que va de legislatura. Los motores, ya están calientes. En pura teoría, el curso no comenzará hasta la tercera semana de septiembre. La cámara baja, celebra su primer pleno el día 12. Pero la política no se cuece sólo entre las paredes del Parlamento. El líder del primer partido de la oposición, Mariano Rajoy, arranca el martes su actividad tras las vacaciones estivales con un discurso en la localidad pontevedresa de Ribadumia, donde celebra una comida con dirigentes, alcaldes y responsables del partido. En este encuentro, ya tradicional, expondrá los ejes de su acción opositora para los próximos meses. Uno de los asuntos en los que, según fuentes del partido, trabaja el presidente del PP es su propuesta de reforma de la Constitución. Estará incluida en su próximo programa electoral y buscará, sobre todo, delimitar las competencias para blindar el actual modelo de Estado. El presidente Zapatero también abrirá el curso del PSOE con el consabido mitin de Rodiezmo (León) el domingo 3, en la fiesta minera asturleonesa que organiza el sindicato Soma-UGT. La actividad del Gobierno, sin embargo, ya ha comenzado y, en septiembre, están previstas actuaciones de calado. El propio jefe del Ejecutivo aseguró antes de su descanso que en estas fechas abordaría tres cuestiones muy polémicas: las primeras conversaciones con el resto de formaciones para abordar la reforma constitucional, la sustitución del ministro de Industria y hoy candidato del PSC, José Montilla, en plena confrontación con Bruselas por las condiciones impuestas a la opa de la alemana E.On sobre Endesa y, lo más esperado, los primeros datos de los contactos con ETA, guardados hasta ahora bajo siete llaves. Pactos, moción y adelanto Además, el PSOE pretende llegar a un acuerdo con el PP para la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (que se llevará a cabo con o sin su aquiescencia), el Consejo General del Poder Judicial, la ley de igualdad, la ley de la dependencia y la modificación de la ley financiación de partidos. Esta última tiene especial importancia porque, dependiendo de la premura con la que sea aprobada, podría afectar a los comicios en trece autonomías y todos los ayuntamientos españoles en la primavera del 2007. En vista del ambiente, parece difícil. En la recta final de agosto, el secretario general del PP, Ángel Acebes, no ha dado muestras de estar dispuesto a rebajar el tono de sus críticas sobre las «cesiones» del Gobierno a ETA o la reapertura de «viejas heridas» con el debate sobre la memoria histórica. Tampoco las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, sobre el deseo de un sector del PP de plantear una moción de censura a Rodríguez Zapatero auguran un otoño tranquilo. El panorama es convulso y los populares llevan meses trabajando con la posibilidad de un adelanto electoral. El Gobierno desmintió a principios de verano que esta medida esté en su ánimo. Pero el primer partido de la oposición cree que va a cambiar de opinión, sobre todo si se tiene en cuenta que las próximas elecciones catalanas harán complicado el respaldo inicial de CiU, ERC o ICV a los Presupuestos Generales del Estado. A esta cuestión se suma, añaden destacados dirigentes de la formación opositora, el debate sobre el proceso de paz. Si se encona, como parece previsible, el Ejecutivo querrá -según las tesis del partido de Rajoy- celebrar cuanto unas elecciones que Zapatero planteará como un plebiscito a su modo de buscar el fin de la organización terrorista. Izquierda Unida mantendrá su apoyo al Gobierno en el próximo período de sesiones pese a las discrepancias que les han distanciado en los últimos meses siempre que el Ejecutivo no establezca nuevas alianzas con los partidos nacionalistas. La coalición tiene ya la vista puesta en las elecciones municipales del próximo año y necesitará de los votos del PSOE para mantener sus alcaldías e intentar desalojar al PP donde no alcance mayoría. Las diferencias en política fiscal y económica, empleo, vivienda o en la ley de la Memoria Histórica -a la que IU va a presentar un texto alternativo- han entorpecido las relaciones entre la coalición de izquierdas y el PSOE. En estos momentos «están muy frías», según el portavoz de IU, José Mendi. Mendi insiste en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene «más agilidad con la mano derecha que con la mano izquierda» y debe decidir, de cara a las elecciones catalanas del 1 de noviembre, entre buscar acuerdos con formaciones de carácter conservador como CiU o seguir con sus «socios preferentes de izquierdas». Sin embargo, aunque las aguas estén turbias entre las dos formaciones, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2007 el portavoz de IU señala que los dos partidos son «complementarios» y deben «formar alternativas -con otros grupos políticos- que frenen al PP». El objetivo de IU es que los populares no gobiernen «ni por acción ni omisión». Para lograrlo, está dispuesta a aliarse con otras formaciones minoritarias en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 2007.

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