La UE mantendrá su operativo en Canarias hasta diciembre, pero no aporta soluciones
La Comisión europea va a intentar que el dispositivo puesto a punto aunque no sin dificultades en Canarias por la Agencia de Fronteras Exteriores de la UE, Frontex, para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes ilegales desde países del África occidental, se mantenga activo hasta finales de año, e incluso que se vea reforzado pero ni esta institución comunitaria, ni la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, pudieron este miércoles explicar en qué va a consistir ese refuerzo. De la Vega llegó a Bruselas procedente de Finlandia para reclamar de la Comisión un compromiso más firme con el problema de los cayucos. Cosechó una serie de promesas que el vicepresidente Franco Frattini formuló con gran rotundidad, pero cuya eficacia práctica en el corto plazo va a ser, probablemente, bastante menos sonora. El vicepresidente comunitario aseguró que el operativo de Frontex en Canarias se va a mantener hasta diciembre, que es el mes en el que concluye la actual programación de gasto de la UE para el periodo 2000-2006. El año que viene entrarán en vigor las nuevas Perspectivas Financieras 2007-2013, y habrá dinero fresco para iniciativas de este género. La Agencia de Fronteras Exteriores de la UE realiza en Canarias, mal que bien, varias funciones: desde el reconocimiento de inmigrantes ilegales (tiene desplazado allí un equipo multinacional de 11 especialistas), hasta la coordinación de las unidades aéreas y navales que patrullan el Atlántico occidental, y que han aprestado, hasta ahora, 4 socios comunitarios. Bruselas carece de capacidad para exigir más medios aéreos y navales de los Estados miembros, luego cabe suponer que el refuerzo del dispositivo pasa por la aceptación voluntaria de los socios que quieran participar en él. De la Vega aseguró que, para ser eficaz, el sistema de patrullas aéreas y marítimas debe ser, como mínimo, duplicado, pero ni ella, ni Frattini, aclararon cómo hacerlo. Críticas del PP La falta de acuerdos concretos llevó a la secretaria de Asuntos Sociales del PP, a asegurar que la «incompetencia» del Gobierno se ha traducido en la falta de apoyo recibida de la UE.