Hecha la ley, hecho el decreto

Desde diciembre del 2005 la cosa trae cola. Incluso antes, si se quiere. La entrada en vigor de la Ley 28/2005 sobre el tabaquismo propició que a los populares se les erizaran los pelos de la nuca y se agarrasen con las dos manos al posabrazos de su butaca. Desde ese momento el ir y venir de declaraciones amenazaba tormenta. Y llegó en forma de desarrollo de decreto de ley en las autonomías. «Verdes las han segado», pensaron en su día los del PP. En pleno inicio del curso político se abre un nuevo frente de conflicto entre Gobierno y oposición. El consumo de tabaco. Los socialistas, haciendo gala de su apuesta por las políticas sociales, la concordia, etcétera, proponen un sistema que beneficie a los no fumadores y abogue por un concepto del fumar a la «norteuropea». De otro lado, los populares sostienen la bandera del equilibrio entre clientes y hosteleros, flexibilizando la ley y contagiando a los socialistas el erizamiento de vello que sufrieran en sus carnes allá por el 2005. Resulta que las comunidades con gobierno PP ponen pegas a la ley básica del tabaco y suavizan el texto merced a la potestad que el Gobierno les confiere -lo contrario ha de resolverse aún en los tribunales-, beneficiando a priori a los hosteleros, que se libran de reformas, pero liando la madeja a base de «correcciones y cubrir lagunas». Los beneficiados pasan a ser perjudicados en esta maraña de zancadillas políticas, y la tormenta perfecta, anunciada desde hace más de un año, se convierte en calabobos. Chirimiri para los susceptibles. El caso es que, según el Gobierno, no se puede fumar en los locales que se encuentren en edificios de trabajo, pero en la cafetería del edificio de la Junta lucen de nuevo los ceniceros. Tampoco se podría fumar, sin zona habilitada para ello, durante las celebración de banquetes privados; pero el texto autonómico permite que los clientes decidan siempre que estén solos en el local. El tema tiene su miga. Pero lo que más jaleo provoca es la «compartimentación». La palabra en cuestión se refiere en el texto estatal a la división «por medios físicos» de la zona de fumadores, lo que obligaría a realizar reformas. Mientras que en el decreto desarrollado por la Junta va ligado a la división «por cualquier medio», lo que incluye la posibilidad de ahorrarse la obra y colocar extractores o cortinas de aire. Hecha la ley, echo el decreto, que dirían los entendidos en picaresca. Con todo y con eso cabe la posibilidad de comprender la postura de unos y otros. Pero lo que ya no encaja en ningún sitio más que en el país del tarde, mal y en elecciones, es el hecho de que se retrase la entrada en vigor de una ley por el artículo 33 -que no viene en la normativa, pero que resulta consuetudinario entre españoles-. Desde el día uno de septiembre los hosteleros tendrían que tener sus reformas listas, y la culpa no es precisamente de los hosteleros, sino de quienes no les informan y de quienes postergan las sanciones a la conclusión de las fiestas de Valladolid, por aquello de no soliviantar el ánimo del personal. Todo muy de buen rollito, sí, pero falto de previsión. Y encima el decreto se publica a finales de agosto, así, con tiempo, para que no nos pille el toro.