El Gobierno pretende trasladar a 20.000 «sin papeles» a la Península

El Gobierno ultima un plan de emergencia para aliviar la situación crítica que viven los centros de acogida de inmigrantes en Canarias después de las últimas oleadas de clandestinos. El Ministerio de Trabajo, con la ayuda de las principales organizaciones de atención a los extranjeros en situación irregular, prepara una red de asistencia con capacidad para evacuar hasta 20.000 «sin papeles» desde el archipiélago a la península en tan sólo cuatro meses, en el caso de que la presión migratoria sobre las islas continúe en los niveles de las últimas semanas. El titular de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, pusieron ayer las bases de este macro programa de evacuación en una reunión con los responsables de las seis organizaciones sociales que gestionan el 83 por ciento de las plazas disponibles para extranjeros irregulares: Cruz Roja, Cear, Accem, Cepaim, La Calle y MPDL. Caldera prometió un cheque en blanco a las organizaciones -«todo el dinero que necesiten», dijo- con el objetivo de crear cuanto antes una «estructura estable y permanente» de asistencia, después de reconocer la falta de una red de acogida formal para los «sin papeles» en la península y anunciar que el Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que se mantendrá la presión migratoria en las islas. El plan diseñado por el Gobierno prevé que se pueda doblar la capacidad de acogida de las seis organizaciones, que actualmente gestionan entre 700 y 1.000 plazas semanales y que ahora pasarían a disponer de, al menos, 1.400. Los cálculos de los especialistas apuntan a que esta atención costará más de tres millones de euros, a sumar a los 6,5 que estas asociaciones ya reciben del Estado. La primera parte del programa está ya fijada: sacar de las islas a unos 3.000 subsaharianos antes del 15 de octubre, ya que los centros canarios de Las Raíces, Hoya Fría, La Isleta, Barranco Seco y El Matorral están desbordados desde el pasado fin de semana, con casi 6.000 internos para sólo 5.446 plazas. Este primer contingente se repartirá entre establecimientos principalmente de Andalucía y Comunidad Valenciana, y en menor medida, Madrid, Murcia, Cataluña, Castilla y León y Asturias. Por su parte, las organizaciones se han comprometido a habilitar, con la ayuda económica del Gobierno, entre 4.800 y 5.000 camas mensuales en sus centros de la península, lo cual permitiría evacuar hasta 20.000 subsaharianos de septiembre a diciembre. En los ocho primeros meses del año, el Ejecutivo ha trasladado a 15.500 irregulares africanos a distintas autonomías, una cifra que se doblaría en cuatro meses si continuaran al mismo ritmo las avalanchas de cayucos. La Administración espera no tener que hacer uso de todas estas plazas, que sólo se completarían si continuase inalterable el número de llegadas de los últimos tiempos (entre 1.500 y 2.000 por semana). Los responsables de Trabajo, Interior y Exteriores estiman que, con la llegada del mal tiempo, los arribos de inmigrantes se reducirán a unos 500 semanales. Otros acuerdos Al margen de redoblar la capacidad de acogida, en la reunión de este martes, la Administración y las oenegés sentaron algunos pilares de la futura red «estable y permanente». El Gobierno se comprometió a ayudar en los programas de atención a los inmigrantes menores, una competencia hasta ahora reservada a las comunidades autónomas. Además, el Ejecutivo anunció que apoyará económicamente a las organizaciones sociales de los países de origen. Todos los interlocutores estuvieron de acuerdo en que, a pesar de las oleadas, no se reducirá ni la calidad de atención en los centros de acogida ni el tiempo mínimo de estancia (15 días). Asimismo, los establecimientos de acogida para irregulares seguirán separados de los centros de atención a otros extranjeros, tales como refugiados, solicitantes de asilo o ciudadanos extracomunitarios en situación de vulnerabilidad.