El ministro del Interior presentó ayer al Consejo de Ministros dos de sus proyectos legislativos más polémicos por los problemas de intromisión en la privacidad que plantean. Los proyectos recogen la obligación de que las operadores telefónicas y de internet almacenen durante doce meses todos los datos de las llamadas y correos electrónicos, y prevén la unificación en una gran base de datos de las muestras genéticas de sospechosos. Alfredo Pérez Rubalcaba y María Teresa Fernández de la Vega quisieron dejar claro que ambas legislaciones serán escrupulosas con el
de la intimidad de los ciudadanos. Los dos proyectos serán estudiados antes de su remisión al Parlamento por el CGPJ, por el Consejo de Estado y por la Agencia Española de Protección Datos. El más controvertido de los dos proyectos es la denominada Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicación. Este texto, que es una transposición de una directiva de la UE, está encaminado a facilitar a la Policía y la Guardia Civil la persecución de los grandes grupos de crimen organizado y las organizaciones terroristas. Los funcionarios, siempre con permiso judicial, podrán acceder
a posteriori y sin problemas técnicos a todas las llamadas y correos electrónicos realizados desde terminales fijos o móviles durante el último año. Los investigadores podrán conocer el origen, destino o duración de las llamadas, aunque no accederán al contenido de las conversaciones o de los correos electrónicos. Al contenido de estas comunicaciones sólo se podrá llegar como hasta ahora: con pinchazos previos a las conversaciones y siempre con autorización judicial.