El Gobierno activa un plan antiterrorista para proteger casi 1.400 instalaciones

El Gobierno ha activado un plan especial antiterrorista para vigilar las infraestructuras más importantes del país ante el riesgo de un atentado del terrorismo internacional. El Programa de Protección de Infraestructuras Críticas, concebido sobre todo con vistas a un eventual ataque de Al Qaida, encomienda a la policía la salvaguarda de 1.397 instalaciones neurálgicas que, según los analistas de Interior, deben ser blindadas para preservar la seguridad del Estado. Entre ese millar largo de «infraestructuras críticas» hay aeropuertos, nudos de comunicaciones, centrales energéticas, grandes edificaciones y centros de decisión, además de otras instalaciones que no se hacen públicas por motivos de seguridad. De este «catálogo de instalaciones consideradas prioritarias ante riesgos terroristas» quedan excluidos los puertos, que tendrán un tratamiento especializado en otro programa de prevención de ataques contra buques e instalaciones portuarias. La Subdirección General de la Policía ha sido la encargada de elaborar un plan de valoración e identificación de infraestructuras consideradas de mayor riesgo terrorista. Este organismo ha señalado, además, otras 5.220 «instalaciones básicas» a proteger, entre las que se encuentran edificios oficiales y otras infraestructuras «no críticas», que si fuesen atacadas no provocarían problemas graves al funcionamiento del Estado. Este plan de seguridad, elaborado cinco años después del 11-S, pivota sobre el Cuerpo Nacional de Policía, que, a su vez, ha diseñado 196 «programas de protección regionales», uno por cada comisaría. Estos programas locales estarán «supervisados por unidades de coordinación operativa territorial». Todas las instalaciones susceptibles de sufrir atentados han quedado ya registradas en una «base de datos regionalizada». El informe hecho por el Ministerio del Interior encomienda al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) la «actualización permanente» de este «inventario de infraestructuras». En el diseño del programa no figura un número determinado de agentes adscritos a la protección de las 6.617 infraestructuras «críticas y básicas», ya que, según el nivel de amenaza, los funcionarios dedicados a otras funciones podrán ser integrados en el plan. España, pionera La activación de un plan de protección de infraestructuras, recordaron los especialistas de Interior, fue una recomendación del Consejo Europeo de marzo del 2004 (poco después del 11-M) y España es el primer país de la Unión que lo pone en marcha. Todo el programa de protección se ha realizado teniendo como base un documento elaborado por la Subdirección General de la Policía denominado Plan de Actuación con Motivo de Atentados Terroristas, más conocido como «Circular 50». Este dossier es una actualización de dos directrices y en el se fijan las nuevas órdenes de actuación de la policía ante ataques terroristas. Por primera vez, en ese documento se establecen protocolos para responder a un atentado de corte islamista (se recogen enseñanzas del 11-M) y se hace hincapié en la necesidad unificar modos de actuación en todo el país para el caso de un atentado con armas «no convencionales». La mitad de la circular está precisamente dedicada al riesgo de que España sufra un ataque NRBQ (nuclear, radiológico, biológico o químico). El Ministerio del Interior reconoce que «las medidas policiales aplicables en situaciones convencionales pueden resultar insuficientes ante la presencia de estos agentes», por lo que establece nuevas directrices confidenciales a seguir, no sólo para impedir la extensión de los contaminantes, sino también para evitar que «se produzca el pánico entre los ciudadanos afectados y la población general», ya que la propagación del miedo «en algunos casos conlleva más peligro que las propias sustancias».