El Consejo de la Emigración, que se creará en tres meses, margina a las diputaciones
El Consejo de la Emigración, regulado en un decreto de la Junta de 31 de agosto, se tiene que crear antes de que finalice el año -hay tres meses de plazo desde el 6 de septiembre- y prevé la participación de todas las consejerías, con un total de siete vocales, pero tan sólo un representante local designado por la Federación Española de Municipios y Provincias, hecho que ha sido criticado por los socialistas. El procurador José Moral denuncia la marginación de las diputaciones provinciales que, sin embargo, han sido pioneras en fomentar vínculos con los emigrantes a través de programas como el de Añoranza. También ve insuficiente la participación municipal, ya que todos los municipios estarán representados por un sólo miembro. Entre los veinte vocales, además del presidente y el vicepresidente, habrá un miembro de la Universidad, cinco personas destacadas y de prestigio del mundo de «la cultura, la economía y la vida social» (nombradas por el presidente del Consejo) además de seis representantes de las comunidades inscritas en el registro de la Junta, de las cuales tres serán de asociaciones radicadas en España y otros tantos de las comunidades asentadas fuera del territorio nacional. Por último, el consejo contempla la incorporación de un representante de las asociaciones de emigrantes retornados a Castilla y León. Todos los representantes serán elegidos por un período de cuatro años, pero además el Consejo de la Emigración podrá convocar con carácter consultivo, pero sin voto, a personas «de reconocido prestigio y experiencia profesional en el ámbito de la emigración», según señala el decreto. Las funciones básicas del Consejo de la Emigración serán el asesoramiento «en relación con la política de apoyo a la emigración castellana y leonesa» por parte de la administración autonómica, para lo que recabará sistemáticamente «información sobre los emigrantes de Castilla y León y su evolución con el fin de conocer las necesidades de los emigrantes ante los cambios sociolaborales registrados». Asimismo, el consejo podrá proponer actuaciones concretas y tendrá que elaborar un informe anual sobre la emigración y evaluar los resultados de las actuaciones que lleve a cabo la administración autonómica.