Julián Muñoz sale de prisión para declarar por la trama marbellí

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz declaró ayer como imputado en los juzgados de la ciudad en relación a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios urbanísticos durante su etapa al frente del Consistorio marbellí. La letrada que asistió a Muñoz, Laura Sánchez, del despacho de abogados de José María del Nido, descartó hacer declaraciones a su salida de los juzgados, aunque apuntó que la comparecencia de su cliente había ido «bien» y había sido «larga», unas dos horas. El ex regidor marbellí fue trasladado desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permanece por el «Caso Malaya», hasta las dependencias judiciales, a las que llegó sobre las 9.50 horas, y fue conducido de nuevo a prisión alrededor de las 13.35 horas tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Carmen Rodríguez Médel, La Fiscalía presentó una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra Muñoz, el ex asesor urbanístico del Consistorio y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. En su querella, el Ministerio Público concluye que el ex alcalde y Roca «aparecen como artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio». Esta querella y otra presentada por Anticorrupción -contra Muñoz y Del Nido- el pasado 26 de julio responden a las diligencias iniciadas en enero de 2005 después de que el Tribunal de Cuentas les remitiera el proyecto de informe de fiscalización del Consistorio marbellí y sus sociedades participadas en los años 2000 y 2001, al apreciarse en él «indicios de responsabilidad penal». En la primera querella se cifra el perjuicio patrimonial a las arcas municipales en 136 millones de euros y se atribuye por ello a Muñoz los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, a Roca los mismos delitos a título de colaborador y también a Mora, «al menos, a título de cómplice». En la querella presentada se analizan convenios con particulares y enajenaciones de bienes inmuebles, en los que «los más frecuentes son aquellos en los que se pacta una modificación de los parámetros urbanísticos de determinado terrenos, supeditando su eficacia a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)». La Fiscalía destaca que dichos convenios eran firmados por el ex alcalde de Marbella, a pesar de que la revisión del PGOU es competencia exclusiva del pleno del Ayuntamiento.