Julián Muñoz, imputado por un delito contra la ordenación del territorio

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y los cinco ex ediles que declararon ayer como imputados por un delito contra la ordenación del territorio afirmaron que los informes elaborados por juristas y expertos en urbanismo avalaban la concesión de las licencias que se investigan en esta causa. Según explicó a los periodistas el abogado Ernesto Osuna, que representa a cuatro de los imputados que comparecieron en los juzgados de Marbella, la Fiscalía presentó en febrero del 2003 una denuncia por las licencias aprobadas por la Corporación en comisión de gobierno en el 2002 para la construcción de una gasolinera y una promoción de 22 viviendas. El letrado indicó que los acusados defienden la existencia de informes favorables de «juristas de reconocido prestigio» contratados por el Ayuntamiento y de la propia secretaría municipal, para conceder las citadas licencias de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998. La Junta de Andalucía mantenía la vigencia del plan de 1986, lo que, según él, «ha resultado ser el criterio mayoritario de los tribunales de Málaga», pero resaltó que «en aquel momento había numerosos archivos de diligencias» sobre denuncias interpuestas contra actuaciones urbanísticas enmarcadas en el PGOU de 1998. Osuna subrayó que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «no concedía nunca» la suspensión cautelar solicitada por la Junta.