Detenidos tres funcionarios y un policía por extorsión a inmigrantes

Un policía, un funcionario y dos trabajadores adscritos a la Oficina de Extranjería fueron detenidos por su presunta implicación en una red que facilitaba permisos de residencia y trabajo a inmigrantes a cambio de dinero o favores sexuales. Una decena de ciudadanos extranjeros están siendo también investigados por irregularidades en la obtención de los documentos. El juez ha decretado el secreto de sumario y la operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Las detenciones comenzaron el lunes, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, y este miércoles todavía permanecían en las dependencias policiales el agente de policía y uno de los funcionarios implicados en la trama, así como otras dos personas ajenas a la Administración. Los otros dos funcionarios -que se encargaban de los trámites para obtener los permisos- han sido puestos en libertad. La Policía investiga a una decena de extranjeros, al parecer chinos, que podrían haber realizado prácticas irregulares para obtener los permisos. La investigación, realizada por la Brigada de Régimen Disciplinario de la Policía en Madrid y el grupo Operativo de Extranjería en Huelva, se inició hace algunos meses a instancias de la Subdelegación del Gobierno tras tener conocimiento de las denuncias de algunos inmigrantes en un juzgado de la capital onubense. 6.000 euros Debido al secreto de sumario, no ha trascendido el número de personas que lograron los permisos irregularmente ni el montante económico que consiguieron los miembros de la trama. Fuentes del caso señalaron que los inmigrantes que no cumplían los requisitos para obtener los permisos llegaron a pagar hasta 6.000 euros para conseguir los papeles, aunque la tarifa habitual era menor y variaba en función de la capacidad económica y las trabas objetivas para conceder los papeles. En algunas ocasiones, cuando el inmigrante era mujer y el funcionario «la consideraba atractiva», el empleado exigía favores sexuales que se realizaban en un coche aparcado en un descampado cercano a la Oficina de Extranjería. Este mismo vehículo hacía de «ventanilla» de cobro del dinero de la documentación. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, destacó que la investigación surgió a instancias de la propia Subdelegación y señaló que la detención de los funcionarios confirma que la Administración dispone de los mecanismos de control suficientes para abordar las prácticas irregulares. Por su parte, la organización no gubernamental Andalucía Acoge consideró lo sucedido «un escándalo» y exigió una «amplia investigación» sobre el trato dado a los inmigrantes. El presidente de la entidad, Abderrahmane Essaadi, subrayó que es «muy difícil» que los inmigrantes en situación irregular denuncien este tipo de situaciones «por miedo o por haber conseguido los papeles de manera irregular», y destacó la «mala imagen» que se ofrece de la administración pública, «que debe trabajar por la preservación de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes, y, en cambio, parece que viven a costa de ellos».